El presidente de la Corte Suprema, Dr. Ricardo Lorenzetti, la semana pasada manifestó su preocupación por la inseguridad jurídica, pidiendo que sean las leyes las que nos gobiernen y no las personas. Es algo que, por lo obvio, ni siquiera merece discusión. Sin embargo, es urgente que nos ocupemos de una situación inocultable: la debilidad del sistema. En general se cree que la inseguridad jurídica no tiene que ver con la inseguridad física que sufrimos en la vía pública; se suele imaginar que los únicos perjudicados son los grandes empresarios con planes de negocios frustrados por la imprevisibilidad argentina.

Pero esto no es así. La inseguridad física a la que todos estamos expuestos tiene entre sus causas la inseguridad jurídica del sistema penal, correccional y carcelario. También es inseguridad jurídica la sufrida por los jubilados peleando por sus haberes, en pleitos interminables que ni siquiera terminan con las sentencias, por las demoras de los gobiernos de turno en cumplir sus condenas. Es inseguridad jurídica no saber cuánto dura un pleito judicial. En ese sentido los abogados están imposibilitados de predecir el resultado de un juicio, ya que a las leyes poca claras se suman jueces que, por miedo o ignorancia, se equivocan demasiado. Es parte de la inseguridad jurídica que muchos jueces honestos, que saben derecho y que son justos, se sientan amenazados porque el Consejo de la Magistratura es un órgano sospechado de avatares políticos, que repite en vez de corregir los defectos que tiene del sistema anterior a 1994. Con jueces desprotegidos no es posible la seguridad jurídica, porque cuando los magistrados deciden lo hacen pensando en su conveniencia y no en lo que es justo y legal. Es así que en 27 años de democracia sólo existieron cuatro condenas por corrupción a funcionarios públicos. Es un hecho fáctico que la inseguridad jurídica afecta a los 40.000.000 de argentinos, de manera directa o indirecta.

Ante este escenario de inseguridad jurídica, los abogados de la Capital Federal tenemos la oportunidad de elegir a nuestro representante para el Consejo de la Magistratura de la Nación. Sin embargo, hoy, de los más de 40.000 letrados registrados para votar, sólo el 20% del padrón se presentaría a las elecciones del 31 agosto; así el voto de un abogado valdría por cinco, realidad que beneficia a aquellos que quieren un Poder Judicial indiferente a la realidad. Por este motivo es que invitamos a todos nuestros colegas a votar para transformar el Consejo de la Magistratura, órgano que debe proponer jueces buenos y desplazar jueces malos y modernizar los anticuados sistemas procesales que resultan un tormento para abogados, un malestar para las personas comunes y, por supuesto, un obstáculo para la Justicia y el desarrollo de un país previsible y moderno.