Desde que se produjeron los últimos cambios en la integración de la Corte Suprema, ésta ha estado dando una serie de señales en torno al régimen de pesificación. Por cierto, en ninguno de estos casos la Corte se ha pronunciado sobre el fondo del asunto; más aún, siempre se encargó de aclarar que las decisiones adoptadas no implicaban emitir juicio sobre la validez o invalidez de la pesificación. Por ahora, entonces, se trata de simples señales que parecen ir más bien en el sentido de convalidar aquel régimen. Nada más y nada menos.

El primer signo lo encontramos en el fallo Cabrera, donde se puso fin a los amparos de segunda generación (reclamos de ahorristas de la diferencia entre lo retirado en pesos de los bancos y el valor del dólar), por haber mediado un sometimiento voluntario y sin reserva al régimen de pesificación. Tal criterio fue luego reiterado en el caso Campbell, tratándose de ahorristas que aplicaron sus saldos reprogramados a la compra de inmuebles o automóviles.

Quizás leyendo más entrelíneas también se puede encontrar algún mensaje en la reciente declaración de inconstitucionalidad del tope a las indemnizaciones por despido (causa Vizzoti). La Corte hizo especial hincapié en que ese tope es confiscatorio en tanto afecte más del 33% de la indemnización. Pues bien, aún siendo discutible la aplicación de ese fundamento al tema de los depósitos, hay que tener en cuenta que actualmente $1,40 más CER implica una quita sobre el valor del dólar menor a ese guarismo.

Los últimos dos casos referidos a los depósitos bancarios parecen seguir esta tendencia: sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, el tribunal cimero vuelve a dar señales. En el caso Kiper, rechazó por improcedentes la recusación y los recursos interpuestos por el actor. En esta causa la Corte ya había dejado sin efecto una de las primeras medidas cautelares otorgadas luego de instaurado el corralito. Y en el caso Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires, el Máximo Tribunal suspendió un incidente de ejecución de sentencia, sobre la base juzgar inapropiado que se haya requerido simple caución juratoria del ahorrista, teniendo en cuenta el elevado monto del depósito involucrado en la causa. Implícitamente, está diciendo que en estos casos debería requerirse caución real, lo que debe ser leído como una advertencia para los tribunales inferiores, que han estado concediendo medidas cautelares y ejecutando sentencias no firmes (en muchos casos por cifras importantes), exigiendo simplemente el compromiso de los ahorristas de devolver el dinero si tales resoluciones terminan siendo revocadas. Es sabido que el recupero del dinero pagado por los bancos en virtud de tales resoluciones, en caso de que la Corte termine rechazando las demandas, será muy difícil.

Aisladamente, ninguno de estos fallos debería llamarnos la atención. Sí lo hace que en tan poco tiempo se hayan verificado tantos pronunciamientos, que parecen ir en una misma dirección. Es aventurado asegurar que ya estamos frente a un cambio jurisprudencial en relación al caso San Luis, donde se declaró la inconstitucionalidad de la pesificación de los depósitos (aunque se trató de un fallo especial por tratarse de una provincia). Pero pecaríamos de ingenuos si desoyéramos todas estas señales. Además, de los cinco ministros que votaron a favor de aquella decisión, solo queda uno en el cuerpo (Dr. Fayt). Y no sería la primera vez que la Corte, con una nueva integración, modifica su jurisprudencia anterior sobre un cierto tema.

Habrá que aguardar para ver si se confirma o no esta presunción. Es imposible saber cuándo tendrá lugar un nuevo pronunciamiento de la Corte sobre el fondo del tema. Pero hay un dato a tener en cuenta: algunos piensan que para emitir el recordado fallo Peralta (convalidación del Plan Bonex), el Alto Tribunal esperó a que los Bonex 89 entregados a los depositantes alcanzaran una cotización cercana al 80% de su valor nominal. En ese contexto, sostener que aquel plan implicaba una razonable restricción al ejercicio de los derechos patrimoniales, como dijo la Corte, no pareció tan fuera de lugar; además, esos bonos se terminaron pagando puntualmente. En la actualidad los Boden 2012 entregados a los ahorristas que optaron por salir del corralón cotizan por encima del 70% de su valor en dólares. Mayor es el recupero para quienes cobraron $1,40 más CER de los bancos y recibieron Boden 2013 por la diferencia. ¿Estaremos cerca?