La estanflación en que ha caído la economía argentina está corroyendo aceleradamente el panorama social. Urge entonces la instrumentación de paliativos para frenar el rápido crecimiento de la pobreza, no sólo como imperativo moral, sino también para garantizar la estabilidad política y social.

La oportunidad es propicia para volver a discutir una idea, que en una primera instancia motorizaron Carrió y la CTA, y a la que hoy adhiere buena parte del arco político: la de una asignación universal a la niñez. Esto es: que todo chico argentino perciba -en cabeza de sus padres y sin condicionalidades-una suma de dinero mensual suficiente para cubrir sus necesidades básicas. El concepto concibe a ese sustento de supervivencia como un derecho ciudadano, no como una concesión del gobierno de turno, con lo que además se impide la nefasta utilización clientelar de la lucha contra la pobreza.

Proponer esta idea en un contexto de severas restricciones fiscales parecería una irresponsabilidad. Pero la coyuntura ofrece una oportunidad preciosa para avanzar con este proyecto, a través de una simple reasignación de partidas presupuestarias. El renglón del gasto público federal ‘Transferencias al sector privado’ totalizó en el último año $48.000 millones, el equivalente a 4,4% del PBI. El monstruoso crecimiento de esta partida es un fenómeno eminentemente kirchnerista (en 2002 representaban apenas 2,2% del PBI). El principal factor explicativo de semejante expansión es la peculiar estrategia anti-inflacionaria kirchnerista, que apostó a la contención de los precios mediante la concesión de subsidios a la oferta. De hecho, los subsidios a los sectores de transporte, energía y -en menor medida- alimentos hoy superan holgadamente a las transferencias directas a hogares en concepto de planes sociales. Sin embargo, -como es bien sabido- estos subsidios se revelaron completamente ineficaces para frenar la inflación. Más desconcertante aún, sus principales beneficiarios terminaron siendo hogares de clase media y alta. Estos subsidios fueron además una fuente enorme de desvíos oscuros.

Por ello, creemos que sería prudente y oportuno redireccionar todas esas transferencias hacia la asignación universal a la niñez. Esto supondría tanto terminar con estos subsidios a la oferta como subsumir todos los programas sociales en la asignación universal. El análisis de las cifras demuestra que la idea es perfectamente factible. Hay 14 millones de argentinos menores de 18 años. Una asignación de $250 mensuales para cada uno de ellos costaría $42.000 millones anuales; bastante menos que los $48.000 millones que el fisco transfiere al sector privado con criterios de equidad y eficiencia muy dudosos.

Congreso mediante, esta reasignación presupuestaria se podría promover de manera inmediata. Seguramente, unos cuantos negocios que sacan provecho del actual esquema resistirían el cambio. También, habría que tolerar el encarecimiento de la energía y el transporte por el fin de los subsidios. Pero si mañana se instala la asignación universal, pasado mañana se termina con la indigencia y se recorta sensiblemente la tasa de pobreza. ¿No vale la pena intentarlo?