En un abierto desafío a la Justicia que promete agitar aun más la polémica, el Gobierno volvió ayer a respaldar al líder piquetero Luis D’Elía, que el sábado ocupó durante varias horas la comisaría de La Boca. La apuesta supone un afianzamiento en la alianza del presidente Kirchner con los piqueteros oficialistas y un paso más en el enfrentamiento con el duhaldismo. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, repitió la teoría oficial de que D’Elía, en contra de lo que se informó inicialmente y en contra también de lo que dictaminó el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la causa, llegó a la comisaría para tranquilizar a los vecinos enfurecidos por la muerte del piquetero Martín Cisneros. “D’Elía estuvo más cercano a tratar de tranquilizar la situación que a participar de la misma, y llegó poco después a la seccional tomada para poner paños fríos a la situación. El informe de Oyarbide carece de sustento , explicó Fernández.

El juez federal, por su parte, hizo pública su reconstrucción de los hechos –investiga la toma de la comisaría pero no el asesinato de Cisneros, que fue devuelto a la justicia ordinaria–, en la que D’Elía, diputado de la provincia, tiene un papel protagónico. Según Oyarbide, que usó los testimonios de los policías, D’Elía le dijo a un inspector, todavía en el domicilio de Cisneros, donde se había juntado una pequeña multitud: “Sos el culpable de esto, te juro que te vamos a matar . Después, el líder piquetero (y diputado en funciones en el Congreso bonaerense) tomó una piedra de gran tamaño y dijo “vamos a romper los patrulleros, los vamos a prender fuego . Hubo forcejeos y en un momento D’Elía, según consta en la resolución del juez, indicó: “Vamos a la comisaría, la vamos a prender fuego .

La defensa que han hecho Alberto Fernández y, desde ayer, el ministro del Interior, Aníbal Fernández –que en un principio había juzgado la toma de la comisaría como “inadmisible – de D’Elía tiene diversos destinatarios. Por un lado, el duhaldismo: en los primeros días después del asesinato de Cisneros, D’Elía acusó directamente al PJ bonaerense por el crimen, algo que nunca fue desmentido por el Gobierno. Fuentes duhaldistas han mostrado su indignación en los últimos días por el respaldo oficial a D’Elía, y una de sus legisladoras provinciales pidió ayer el desafuero del piquetero de la Cámara bonaerense. Un segundo destinatario son los jueces federales, con los que el Gobierno tiene un fuerte enfrentamiento desde que el ministro Gustavo Beliz anunció el plan oficial de fundir en un solo fuero los 82 juzgados porteños, incluido en el Plan Integral de Seguridad.

Por último, también es un mensaje para los piqueteros duros, especialmente Raúl Castells, en una forma de decirles hasta qué punto puede apoyar el Gobierno a los piqueteros que abandonan las calles y apoyan al Presidente. Este aspecto, sin embargo, ha tenido derivación inesperada en los últimos días, ya que Castells –que hace sólo siete días denunció a D’Elía de recibir un soborno de $ 45 millones de la Casa Rosada– se plegó efusivamente a su rival: lo acompañó en el sepelio de Cisneros, el domingo, y participará de la masiva marcha que diversas organizaciones piqueteras convocaron para hoy a las tres de la tarde desde el Parque Lezama a la comisaría boquense.

Por otra parte, el gobernador bonaerense, Felipe Solá, ratificó que impedirá por la fuerza (“límites, pero sin muertes ) las tomas de comisarías.