A juzgar por el resultado, la suerte de los directorios de las empresas cotizadas está echada. El poder de los Kirchner ha dado muestra de que está intacto. Ni Banco Macro ni Techint se han atrevido a dar una batalla legal contra este masivo desembarco de funcionarios fieles al Gobierno en el directorio de empresas emblemáticas de la industria nacional. Aún cuando este gobierno no ha logrado poner de rodillas al campo parece que encontró en esta contienda la revancha oportuna.
La Anses es un organismo del Estado Nacional que tiene por misión, entre otras, invertir los aportes jubilatorios en ciertos activos y administrarlos por cuenta y orden de los futuros jubilados. Nada tiene que hacer un representante del Estado en una empresa de capital privado. La Anses sólo administra y no invierte capital propio en esas compañías. Y esto que digo no es un dato menor. El directorio de empresas ha sido creado por la ‘ley’ con el fin de ofrecer al ‘inversor genuino’ un espacio donde compartir el management. La lógica de este esquema sienta sus bases en que todos aquellos que arriesgan capital propio puedan participar de las decisiones de inversión. Al fin y al cabo todos arriesgan y tienen derecho a poner el ojo en el destino de su fortuna.
Nada de esto ocurre con un inversor institucional como la Anses (como tampoco ocurría con las AFJPs). Este tipo de inversor sólo cumple una función de administrador y no arriesga capital propio. Su única responsabilidad es que los fondos invertidos devenguen la mayor renta asumiendo para ello el menor riesgo. De esta forma los jubilados de mañana gozaremos de mejores retiros.
Lo concreto es que en los mercados de capitales modernos los inversores institucionales no se inmiscuyen en la gestión empresaria ni participan en los consejos de administración. Debemos mirar los mercados de Chile, Brasil, EE.UU., Asia, Japón y Unión Europea para advertir esto. Los inversores institucionales miran los balances y el precio de cotización. Punto y aparte. Si la renta es magra se liquida la posición y se reinvierte en activos más rentables. Esa es su única función. El inversor institucional es pilar fundamental del desarrollo del mercado de capitales a nivel mundial, motor de las ofertas públicas de acciones y bonos (IPO) y generador de un sólido mercado secundario.
Ni Paolo Rocca, ni Eduardo Constantini, ni Gregorio Pérez Companc, ni Jorge Brito (por citar sólo a los más emblemáticos) pudieron imaginar, ni tan siquiera sospechar, que abrir el capital de sus empresas familiares al público inversor terminaría en manos del Estado, o peor aún, en manos de un gobierno.
Es contranatura que un Estado ponga funcionarios en el directorio de empresas privadas. La razón es muy simple: estos funcionarios están elegidos de manera arbitraria para ‘controlar’ al directorio de empresas y no para co-gestionar. Esa es la clara percepción del mercado. Y el mercado no se equivoca. ¿Ingresarán nuevas sociedades a la Bolsa? Esto no es todo, los directores nombrados por este Estado tienen por misión velar por intereses propios y opuestos a los de las empresas. Estos funcionarios jamás estarán alineados con los intereses corporativos puesto que son dependientes de su real empleador: el gobierno.
Asistimos, por todo esto, al deprecio de las instituciones del mercado de capitales y bolsas de valores creadas hace más de un siglo para que el empresariado nacional y popular canalice sus inversiones de riesgo haciendo realidad el sueño emprendedor que hizo a esta patria grande a principios del siglo pasado.
