"No conocí a ningún empresario Pyme que haya dejado caer su negocio, menos si se trata de su primera experiencia. Todos lo defienden a capa y espada", cuenta Julio Valente, consultor de Servicios Estratégicos para Empresas.

El peligro de que la empresa desaparezca, y con él todos los proyectos que se habían armado a su alrededor, es sin duda uno de los miedos más grandes de todo empresario Pyme.

Este temor, aunque hoy sigue latente, parecería haberse calmado, al menos desde el punto de vista de las estadísticas.

Según la consultora Fidelitas, durante el mes de julio 2004, se presentaron 254 pedidos de quiebra, un 24% menos que el mismo mes de 2003, 49% menor al 2002 y un 66% menor al 2001. Esto muestra un cambio en las circunstancias económicas.

Aunque también aparecieron instrumentos legales diseñados para que las empresas no toquen fondo una vez que la Pyme entró en cesación de pagos.

Hoy, hay más opciones para reestructurar sus deudas antes de caer en la temida quiebra.

En respuesta a la gravedad de la crisis económica de 2002, se sancionó la Ley 25.589, que modificó la Ley de Concursos y Quiebras 24.552.

Allí se disponen mecanismos de salvataje que le permiten al empresario Pyme evitar que se liquiden en una quiebra sus activos, manteniendo la explotación del negocio, preservando los puestos de trabajo y el valor del negocio.

"Su propósito es evitar la quiebra de la sociedad concursada que fracasó durante la primera ronda de negociaciones. Así se les permite a terceros efectuar propuestas de pago al pasivo, con el fin de obtener la transferencia forzosa del capital social", define Rubén Papajorge, consultor de Global Business Consulting.

Pero, ¿cómo se determina cuál es la mejor salida de la crisis?

El primer paso es "hacer un diagnóstico de por qué se llegó a esa situación límite, para poder elegir el camino que más le conviene a la Pyme", cuenta Valente.

Además, dice que la figura de la quiebra es "una opción terminal y debería tomarse solamente en caso que la empresa ya no sea más viable y no valga la pena intentar reflotarla".

Por otro lado, el Concurso Preventivo de Acreedores es un camino previsto por la ley que permite que la empresa reestructure sus deudas con la opción de aplicar una quita, contar con un plazo de gracia y pagar en cuotas a sus deudores quirografarios (deudas por facturas impagas, cheques rechazados, prestamos sin garantía hipotecaria o prendaria)".

Por último, el salvataje o reestructuración de pasivos "se da cuando ingresan a la sociedad nuevos socios que aportan capital y gerenciamiento".

En este caso, se reestablece la confianza de los acreedores, pudiendo negociar con ellos posibles quitas y plazos de pagos de las deudas.

"En todos los casos se trata de llevar a cabo una reestructuración global de pasivos, para la cual cada una de estas alternativas ofrece ventajas y desventajas en términos de costo e impacto en el mercado", cuentan los socios del Estudio Mario Hugo Azulay.

Ceder y recibir

Cuando una empresa entra en cesación de pagos el escenario es incierto porque no hay disponibilidad financiera para enfrentar las deudas, los proveedores perdieron la confianza y no se tiene acceso al crédito.

El desánimo y la falta de un rumbo tiñen la continuidad de la empresa, y por eso es imprescindible no desesperar y "detectar las causas principales de la crisis para buscar la mejor estrategia", explica Valente.

Rodolfo Biasca, uno de los gurúes en transformación de empresas, radicado en los Estados Unidos, cree que "no es casualidad que la vida promedio de las empresas sea cada vez más baja. Lo que pasa es que no siempre evalúan bien su deterioro competitivo y usan fórmulas que, a veces, no son eficaces aún con la ayuda de los mejores consultores y en las empresas más exitosas".

Por eso, un proceso de salvataje, a pesar de tener debilidades, le puede dar a la Pyme en crisis, un shock de confianza que viene acompañado de los fondos necesarios para engrosar el capital de trabajo de la organización.

De todos modos, ninguna variante es 100% positiva cuando se está sumido en una situación complicada, porque a pesar de que mediante una reestructuración de los pasivos, la recuperación de la empresa resultará más rápida, también significa sacrificios: ceder parte de su capital social al grupo inversor que aporte los fondos y el respaldo económico.

Por otra parte, el concurso significará mayores costos: los honorarios del abogado que haga la presentación del trámite, la tasa de justicia correspondiente y el síndico que designará el juez.

En total, dependiendo del monto de la deuda, "le puede demandar a la Pyme entre un 20% y un 40% del pasivo verificado", indica Valente, un gasto que no existe cuando interviene una inyección de dinero.

No sólo en términos económicos sino a nivel de imagen de empresa en el mercado, la reestructuración parecería ser la preferida.

Y agrega que "otras de las cuestiones a resolver son los terceros, porque a diferencia del concurso que funciona como un fuero de atracción que absorbe todas las causas judiciales que se inician al deudor, en la reestructuración se debe negociar cada litigio buscando la conciliación más satisfactoria para las partes, si no se corre el peligro de que queden frentes sin resolver".

Un salvavidas

Una vez evaluadas las fortalezas y debilidades que conlleva un proceso de salvataje, el empresario Pyme atravesará por al menos dos etapas claras hasta alcanzar la tan ansiada estabilidad:

La primera, que puede llevar entre 6 y 12 meses, consiste en "un plan de estabilización donde se negocia con los acreedores, se realizan ajustes en la plantilla de personal (generalmente los principales responsables ligados al proceso de crisis se retiran de la organización) y se arma un plan de contingencia para llegar a una situación de equilibrio", dice Valente.

La segunda fase es más bien la estrategia competitiva que llevará a la empresa a aumentar su rentabilidad. El diseño de un plan de desarrollo y crecimiento es altamente aconsejable y deberá aplicarse en forma permanente de ahora en más. De todos modos, los primeros resultados se verán al cabo de un año.

Un ítem sumamente importante es que el deudor entienda que "cuando un fondo de inversión decide aportar fondos en la empresa en crisis, su posición negociadora no es la mejor, y lo afectará a la hora de la valuación del negocio, que sirve para determinar el porcentaje de capital social que quedará en manos del grupo inversor", sostiene Valente.

Tanto el inversor como el dueño de la Pyme deberán ser cautelosos a la hora de negociar las condiciones de repago.

"Según nuestra experiencia, la clave para un buen arreglo está en pautar un acuerdo realista y que ambas partes hagan un seguimiento profesional para monitorear la marcha del negocio y así prevenir eventuales desvíos", indican los socios del estudio Mario Hugo Azulay.

Y cuentan que "lamentablemente, la realidad es muy diferente porque en la mayoría de los casos los empresarios demoran en encarar soluciones de fondo, recién reaccionan cuando la situación se hace insostenible y sin saber donde están parados ni qué capacidad de repago tienen, se arriesgan a la aventura de negociar".

Por lo tanto, el empresario Pyme se deberá convencer, a veces a la fuerza, de que trabajar en forma profesional, es a la larga lo más conveniente y económico.

"El salvataje como instituto nos parece muy beneficioso porque permitiría que miles de Pyme puedan seguir generando fuentes de trabajo y no pensar en la salida de la convocatoria de acreedores como última instancia", concluye Vicente Lourenzo, Secretario General de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).