Fracasados los intentos del Gobierno por aislarlo, Raúl Castells, el más combativo de los líderes piqueteros, se encuentra actualmente en un momento que él seguramente considera ideal: sus discursos tienen amplia difusión –el domingo el programa de TV La Cornisa lo visitó en su casa, para mostrar el costado amable del líder del MIJD– y su archirrival Luis D’Elía ha quedado muy pegado al Gobierno después de la toma de la comisaría de La Boca, lo que lo deja prácticamente solo en el panorama del piqueterismo de alto perfil. Después de un par de semanas confusas, en las que acompañó a D’Elía en el entierro del dirigente asesinado y fue sorprendido por las denuncias en su contra del fiscal Guillermo Marijuan, Castells retomó estos últimos días el discurso abrasivo en el que más cómodo se siente, y se prepara para una semana que lo volverá a tener en el centro de la atención.
La primera estación del regreso será el Ministerio de Trabajo, a donde el barbado dirigente espera concurrir hoy para entrevistarse con el titular de la cartera, Carlos Tomada. “Por primera vez en muchos meses parecería que esta vez hay una atención en serio a los problemas de la gente , dijo ayer Castells sobre el encuentro, que no fue confirmado por el Gobierno. Mañana, los planes de Castells son volver a la Plaza de Mayo, aunque no como parte de la marcha organizada por una decena de organizaciones duras (Polo Obrero), semiduras (MTD Aníbal Verón y MST Teresa Vive) e incluso oficialistas, como la Corriente Clasista y Combativa. Los únicos oradores del evento serán Ramón Paéz y Raúl Wanzo, representantes de los trabajadores de la mina de Río Turbio, donde hace dos semanas murieron 14 trabajadores, quienes reclamarán al Gobierno por la falta de seguridad en la mina y pedirán hacerse cargo de su administración.
Por su parte, en Tucumán, el gobernador José Alperovich denunció penalmente a la delegación provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE), cuyos militantes protagonizaron un enfrentamiento con militantes kirchneristas durante los festejos por el 9 de Julio. Según Alperovich, el dirigente de ATE Martín Rodríguez le pidió, en los días anteriores al acto, 100.000 pesos para el gremio y 54.000 pesos a repartir entre la CCC y el Polo Obrero, bajo la amenaza de provocar desmanes –que finalmente ocurrieron– si no se concretaba el pago. Poco después de la denuncia oficial, que quedó radicada en un juzgado de la capital tucumana, ATE replicó con otro presentación judicial, en la que acusa de calumnia e injurias a Alperovich. Rodríguez aseguró que ATE no participó en los incidentes del viernes, aunque admite que hubo negociaciones para detener una marcha prevista para ese día. “La marcha no se hizo porque llegamos a un acuerdo con el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli , dijo Rodríguez, sin explicar por qué trató el asunto con el Gobierno nacional y no con los representantes provinciales tucumanos.
