Domingo  08 de Noviembre de 2020

Jurisprudencia Tributaria y Previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Jurisprudencia Tributaria y Previsional

Prescripción de obligaciones. Normas de derecho público provincial. Aplicación del Código Civil anterior.

- "Montamat y Asociados S.R.L. c/ Provincia de Neuquén s/ acción procesal administrativa", sentencia 8 de octubre de 2020.

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén (Sala Procesal Administrativa) rechazó la demanda promovida por Montamat y Asociados S.R.L. contra esa provincia mediante la cual solicitó la declaración de nulidad de un decreto local (Nro. 1479/12) y pidió se le abone una suma de dinero, más intereses y costas, por honorarios impagos originados en la relación contractual que vinculó a ambas partes.

Después de reseñar los antecedentes del caso y los argumentos de las partes, ese tribunal analizó la defensa de prescripción opuesta por la provincia demandada en base a aplicar normas de derecho público local, en especial la ley provincial 1284 que se caracteriza por su unidad recursiva, simplificación procesal e inexistencia de plazos perentorios con pérdida de derechos, siendo la prescripción el único límite temporal para ejercerlos.

Con cita de la Constitución Nacional (arts. 75 inc. 12 y 126), ese Superior Tribunal dijo que si las obligaciones de derecho público no fueron delegadas a la Nación, tampoco fue delegada la prescripción que es una de las formas de extinción.

Recordó que el objetivo del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Filcrosa" (1) era la uniformidad nacional de los plazos de prescripción y que, por ende, la unificación legislativa es una tarea política y no judicial de modo que debía encauzarse a través de un proceso federal de concertación, respetuoso de las autonomías provinciales y la división de poderes.

La solución brindada por el legislador local preserva la seguridad jurídica y la estabilidad y garantiza el derecho de los administrados. Por último, describió el sistema que rige en el ámbito local, realizó el cómputo a partir de la fecha de inicio del reclamo en sede administrativa y sentenció que la demanda fue interpuesta cuando ya había operado el plazo de prescripción.

Agregó que la actora no se vio privada de ejercer su derecho ante la falta de respuesta de la Administración pues la ley pone a su alcance herramientas necesarias frente al silencio y los interesados sólo deben observar el plazo de prescripción fijado por normas locales.

Contra el fallo del tribunal provincial, la actora interpuso recurso extraordinario que, al ser denegado, motivó la presentación del recurso de queja en el cual destacó que el origen del caso es un contrato suscripto entre las partes con el objeto de auditar regalías petroleras al que se le aplicó un plazo de prescripción especial regido por ley provincial (art. 191, ley provincial 1284) a pesar de tratarse de un incumplimiento contractual que, en sus aspectos sustanciales, está reglado por el Código Civil. Aquí no se respetó la facultad exclusiva del legislador nacional para dictar los códigos de fondo (arts. 31 y 75, inciso 12, Constitución Nacional) y se dio preeminencia a la ley provincial sobre el ordenamiento nacional, con disminución de plazos de prescripción.

Según jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación en "Filcrosa" (1), la prescripción es un instituto general del derecho que debe tener una regulación común en todo el territorio para garantizar la homogeneidad de soluciones, sin que implique cercenar el ámbito de competencia que las provincias se reservaron ya que el derecho público local debe adecuarse a la Constitución Nacional.

Para la quejosa, la sentencia aplicó el plazo quinquenal según la ley local y se apartó del plazo de diez años del Código Civil en su redacción anterior (art. 4023) que regula toda acción personal por deuda exigible por el reclamo de una suma de dinero que proviene de un vinculo contractual. Finalmente, alegó que el fallo es arbitrario por apartarse del reiterado criterio sentado por el más Alto Tribunal respecto de la prescripción.

Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recurso extraordinario es formalmente admisible por haber puesto en tela de juicio la validez de normas locales con fundamento en ser contrarias al Código Civil entonces vigente y violar normas constitucionales y la decisión del superior tribunal de la causa fue a favor de la validez de aquéllas (2).

Advierte que el conflicto se circunscribe a determinar si la legislatura provincial puede establecer para sus obligaciones de derecho público un régimen de prescripción liberatoria diverso del fijado por el Congreso Nacional y aclara que el conflicto se presenta entre las normas del Código de Procedimiento Administrativo de la Provincia del Neuquén y el anterior Código Civil aplicable al caso, el cual fue reemplazado por el Civil y Comercial de la Nación con vigencia a partir del 1 de agosto de 2015, haciendo referencia al dictamen de la Procuradora Fiscal.

La Corte señala que, según su conocida jurisprudencia, sus sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de decidir aunque sean sobrevinientes y aquí hay normas relativas a la aplicación intertemporal de las leyes (arts. 7° y 2537), con reformas significativas sobre la prescripción.

Sin embargo, los hechos del caso no deben juzgarse por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación hoy vigente ni por el principio de aplicación inmediata de la nueva ley sino por la legislación anterior por no estar controvertido que el contrato fue suscripto en el año 2004, que el reclamo de honorarios fue efectuado por la actora en 2006, que los actos provinciales que rechazaron tal reclamo fueron dictados bajo la vigencia de la ley anterior y que la demanda se inició el 28 de septiembre de 2012.

Por ello, el plazo de prescripción se inició y transcurrió durante la vigencia del antiguo régimen. En rigor, es una situación jurídica, con actos y hechos cumplidos en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior de modo que rige la antigua ley, según la interpretación realizada por este mismo Tribunal.

Por mayoría (3), la Corte admite el recurso de queja, declara procedente el recurso extraordinario y revoca la sentencia apelada, con costas, ordenando reintegrar el depósito de la queja (4), con remisión al tribunal de origen para dictar un nuevo fallo según el presente.

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Exime del depósito previo para garantizar el derecho de defensa. Recursos de la seguridad social. Amplias facultades fiscales. Sentencia laboral. Prescripción.

- "Empresa Distribuidora Sur S.A. c/AFIP s/Impugnación de deuda", Sala II, sentencia 11 de septiembre de 2020.

Esta causa se inicia porque la AFIP consideró que la Empresa Distribuidora Sur S.A. habría omitido el ingreso de aportes y contribuciones respecto de algunos dependientes de su masa salarial, haciendo constar que por los periodos febrero 1993 a agosto 1995, la propia AFIP declaró prescripta la deuda pero mantuvo su reclamo por septiembre 1995 a julio 2006.

La actora opone la prescripción de las acciones fiscales por toda deuda anterior al año 2000 con fundamento en los diez años fijados por ley (art. 16, ley 14.236) pues el requerimiento fiscal fue de fecha 07 de abril de 2010.

La AFIP rechaza la prescripción planteada porque la determinación de deuda y la multa tuvieron su origen en una sentencia laboral por una relación de dependencia no denunciada en su momento de modo que, con esa sentencia, surge la acción por cobro de contribuciones, multas y demás obligaciones previsionales.

La prescripción se configura por dos elementos: el transcurso del tiempo y la conducta omisiva del titular del derecho, requisitos que no se dan en este caso pues la notificación de la sentencia constituye el elemento determinante que interrumpió el plazo prescripto y resulta irrazonable atribuirle inactividad al organismo recaudador por desconocer la deuda existente por la inconducta del supuesto deudor. Recién con el fallo laboral, tomó conocimiento del hecho imponible para ejercer la acción ante la dificultad existente. Además, la actora no acreditó la improcedencia del reclamo.

La Cámara Federal observa que la apelante cumplió parcialmente el requisito del depósito previo (5) al depositar una suma menor a la discutida pero, atento el tiempo transcurrido desde la determinación de la deuda por la AFIP, resuelve habilitar la instancia judicial para salvaguardar el derecho de defensa (art. 18 Constitución Nacional).

Para el Tribunal, el tema de fondo consiste en definir si la notificación de la sentencia laboral interrumpió o suspendió el plazo de prescripción de las acciones de cobro de los créditos en cuestión y, en tal sentido, sostiene que la apelante tiene razón porque la sentencia de la Sala III de la Cámara Laboral, al confirmar el fallo de primera instancia, tuvo por acreditada una relación laboral pero advierte que toda acción judicial nace desde el momento en que se origina el crédito y, en materia previsional, sucede mensualmente o quincenalmente conforme el empleador abone los salarios a sus dependientes originándose la obligación de contribuir al régimen de la seguridad social (arts. 79 y 80 Ley de Contrato de Trabajo y art. 12 ley 24.241).

En este caso, el fallo laboral es declarativo de derechos y no constitutivo, lo cual obsta a que se le asigne un carácter amplio en materia de prescripción. Además, los distintos organismos de control gozan de amplias facultades de fiscalización (6) para detectar y perseguir relaciones laborales de carácter clandestino de allí que no es válida la postura fiscal pues la conducta del acreedor no es ajena al vencimiento del plazo de la prescripción liberatoria dado que la AFIP no ejerció sus amplias facultades de fiscalización y verificación en tiempo oportuno con prescindencia de la existencia o no de la causa judicial interpuesta por el trabajador.

En suma, las acciones fiscales no fueron ejecutadas dentro de los límites temporales, constituyéndose así un recaudo que garantiza la seguridad jurídica y evita las consecuencias disvaliosas que se derivan de la situación contraria (Sala III de este Fuero, sentencia del 20/02/2006 "Maitor SRL c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda"(7).

Por otra parte, la demanda laboral no puede suspender ni interrumpir el plazo de prescripción pues, según el Código Civil de Vélez Sarsfield vigente al momento de los hechos, la interrupción de la prescripción causada por demanda judicial solo beneficia a quien la entabló de modo que es contradictorio que la AFIP pretenda beneficiarse con una sentencia judicial dictada en un proceso del que no formó parte.

La prescripción es un instituto de orden público, y su fundamento va más allá de la perdida –o en su caso adquisición- de un derecho por el mero transcurso del tiempo al haber sido creado para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar las incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos, salvaguardando el orden y la seguridad jurídica y evitando la prolongación de situaciones cuya indefinición puede llegar a atentar contra derechos patrimoniales y el principio de propiedad (art. 17, Constitución Nacional). En rigor, cabe admitir parcialmente la apelación y declarar prescriptos los créditos anteriores al requerimiento fiscal.

Por tanto, la Cámara declara habilitada la instancia judicial, hace lugar parcialmente al recurso, declarando prescriptos los créditos anteriores al 07 de abril de 2000 y confirmar lo demás que decide, con costas en el orden causado por existir jurisprudencia contradictoria.

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* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se consultan en www.csjn.gov.ar

(1) Fallo comentado en esta columna "Suplemento Fiscal & Previsional" publicada el 17 de noviembre de 2003.

(2) Art. 14, inc. 2), Ley 48: Por esta norma, un juicio que tramita en jurisdicción provincial sólo podrá recurrirse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si es una sentencia definitiva dictada por Tribunales superiores de provincia, se hubiera cuestionado la validez de un Tratado, de una ley del Congreso, de un derecho o garantía constitucional o de una autoridad nacional o provincial y la decisión sea contra esa validez.

(3) El Juez Rosenkrantz también revoca según su voto y aclara que ni la demandada ni el Superior Tribunal de la causa expresaron razones para apartarse de la doctrina de la Corte. Por su parte, el Juez Rossati propicia confirmar el fallo, con costas por su orden, según su voto en "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903).

(4) Este recurso de queja ante la Corte exige el depósito de una suma de dinero que, en la actualidad, es de $ 100.000 (art. 286, Cód. Proc. Civil y Comercial de la Nación y Acordada 40/2019).

(5) Art. 15, ley 18.820: Para apelar judicialmente este tipo de deudas hay que efectuar el depósito previo de todos los montos cuestionados para abrir la instancia ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. La omisión del pago previo provoca la deserción del recurso y la AFIP estará habilitada a iniciar un juicio de ejecución fiscal para cobrar dichos importes y solicitar embargo de cuentas bancarias con intervención judicial.

(6) Art. 10, ley 18.820, art. 23 dto. 507/93 ratificada por artículo 22, ley 24.447.

(7) Fallo analizado en "Recursos de la Seguridad Social- Procedimientos y sentencias esenciales" (Accorinti Susana, 2da. Edición, La Ley, 2013).

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