Las nuevas indemnizaciones prometen revolucionar el mercado de capitales en la Argentina. En el mercado prevén que los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) inyectarán entre u$s 3000 millones y u$s 5000 millones anuales, que serán administrados por bancos y sociedades de bolsa a través de fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros.
Pese a que la ley aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, ARCA y la Comisión Nacional de Valores, en la City ya se abrió el debate sobre los instrumentos en los que se podrá invertir.
Mientras Roberto Silva, al frente de la CNV, trabaja en la reglamentación, los principales jugadores del mercado señalan dos cuestiones fundamentales: la política de inversión y la política de liquidez. La primera apunta a los rendimientos de los activos financieros habilitados, mientras que la segunda señala cuál será la exigencia de liquidez para pagar indemnizaciones.
La regulación será clave, ya que calibrará el nivel de riesgo que pueden asumir las sociedades gerentes de fondos con el dinero que se destinará al pago de indemnizaciones. La gran pregunta es qué margen de discrecionalidad habilitarán a la hora de invertir. ¿Podrán comprar una amplia gama de activos o será más restrictivo? ¿Autorizarán sólo activos argentinos o también del exterior? ¿Impondrán cuotas o porcentajes en determinados instrumentos?
“Lo mejor sería que incluyan a todos los activos disponibles”, revela a El Cronista una alta fuente de la City, con experiencia en el sector público y en el privado.
Nazareno Taus, Portfolio Manager de Cocos, estima que “el 80% de las carteras deberá invertirse en títulos soberanos y que no se autorizaría la inversión en Cedear”. “Tiene sentido prudencial. Pero dentro de ese universo, la reglamentación debe permitir que los gestores construyan carteras eficientes en términos de rendimiento y duration”, agrega.
Desde Cohen Aliados Financieros califican a los FAL como “una revolución en el mercado de capitales”. “La elección de la sociedad gerente que administre el FAL debería ser una decisión de los CFO de las compañías. Al ser fondos que invertirán en instrumentos de mercado, se deberá realizar un análisis sobre que activos adquirir teniendo en cuenta riesgos, plazos y tasas”, aseguró.
Durante los seis primeros meses desde la constitución del FAL, los empleadores no podrán utilizar el dinero para pagar indemnizaciones, por lo que habrá una capitalización de los fondos. Juan Politi, vicepresidente ejecutivo de Allaria, revela que en un primer momento apostarán por instrumentos cortos, de alta liquidez, para evaluar la necesidad de fondos de sus clientes. A medida que pase el tiempo extenderán duration y apostarán por inversiones de largo plazo y de la economía real.
“El punto más delicado, sin embargo, es la política de liquidez. Una indemnización se paga en días, no en meses. Si la norma fija un piso de liquidez muy alto —digamos, 50% en instrumentos T+0—, neutraliza buena parte del rol transformador del FAL y lo convierte en otro money market vestido de largo plazo. Si lo fija muy bajo, expone al administrador a vender mal en momentos de estrés”, explica Taus.
Lo cierto es que aún quedan obstáculos legales y regulatorios para que los FAL pongan primera. La Corte Suprema de Justicia tendrá que decidir si admite el recurso de per saltum que interpuso el jueves el Poder Ejecutivo. Además, el ministerio de Economía, la Secretaría de Trabajo, ARCA y CNV deberán reglamentar la ley. Si bien la norma establece que entrará en vigencia a partir del 1° de junio, ese plazo podría posponerse hasta seis meses.
El Gobierno acelera, pero la pelota está bajo la suela de la Corte. El mercado, por ahora, espera.