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El debate sobre la autonomía del Banco Central volvió a poner en discusión el alcance de sus facultades y los mecanismos institucionales para evitar que sus decisiones queden subordinadas al Poder Ejecutivo. Para Roque Fernández, exministro de Economía durante la presidencia de Carlos Menem, una reforma de la Carta Orgánica debería contemplar una alternativa al sistema actual de designación de autoridades: que los directores sean elegidos por las legislaturas provinciales.
Durante una entrevista en el stream Economía de Quincho, el economista sostuvo que la representación federal en el directorio permitiría reducir los conflictos entre el Gobierno y la autoridad monetaria. Su propuesta consiste en que las provincias designen a los integrantes del organismo y que estos elijan entre sí a su presidente. Si surgiera una disputa con el Presidente de la Nación, el titular del BCRA podría ser reemplazado por otro director, sin que el Poder Ejecutivo pudiera designar directamente a su sucesor.
Fernández consideró que ese mecanismo daría mayor estabilidad a la autonomía del organismo, especialmente ante los cambios de gobierno. A su entender, el sistema vigente, basado en la designación presidencial y el acuerdo del Senado, no alcanza para impedir que un presidente del Banco Central sea desplazado cuando sus decisiones entran en conflicto con las del Ejecutivo.
Reforma del Banco Central: el rol de las provincias
La propuesta retoma un debate que lleva más de una década. La idea de federalizar el Banco Central ya apareció en distintos proyectos legislativos y volvió a cobrar actualidad en agosto de 2026, cuando los gobernadores del Norte Grande reclamaron una mayor representación de las provincias en el directorio de la autoridad monetaria.
La particularidad del planteo de Fernández radica en el mecanismo para designar a las autoridades y resolver eventuales conflictos con el Poder Ejecutivo.
La experiencia de los 90 y los límites a las facultades del Banco Central
Fernández recordó que, a comienzos de la década de 1990, el Banco Central tenía una Carta Orgánica que le asignaba múltiples responsabilidades. Entre ellas, se encontraba la asistencia financiera a bancos, gobiernos provinciales y otras áreas del sector público.
En ese esquema, el organismo podía actuar como prestamista de última instancia y cubrir faltantes de fondos de las provincias que tenían bancos propios. El economista recordó que, a través de la cámara compensadora, el Banco Central emitía dinero para cubrir los saldos que se generaban cuando esas administraciones pagaban los sueldos de sus empleados sin contar con fondos suficientes.
La reforma de 1992, en cuya elaboración participó Fernández, modificó ese esquema y estableció como objetivo central del organismo preservar el valor de la moneda. La modificación también limitó sus facultades para financiar a los gobiernos y asistir a las entidades financieras.
El exministro señaló que, además, se retiraron del Banco Central las funciones vinculadas con el financiamiento del comercio exterior. Como parte de ese cambio, se creó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), al que se trasladaron recursos y personal que anteriormente dependían de la autoridad monetaria.
Sin embargo, Fernández advirtió que la autonomía establecida en aquella reforma no quedó plenamente resguardada. Como ejemplo, mencionó la salida de Pedro Pou de la presidencia del Banco Central, durante su gestión al frente del Ministerio de Economía. Según recordó, Pou se había negado a financiar al Tesoro por considerar que esa operación excedía las facultades del organismo.
El economista sostuvo que ese episodio dejó expuesta una debilidad institucional: pese a las disposiciones de la Carta Orgánica, el Poder Ejecutivo pudo desplazar al titular del Banco Central. También recordó el caso de Martín Redrado, cuya salida volvió a poner en discusión los límites de la autonomía de la entidad.
Una representación federal para evitar los conflictos con el Ejecutivo
A partir de esos antecedentes, Fernández planteó que el problema no se resuelve únicamente con mayores exigencias para la aprobación de los directores en el Congreso. A su juicio, la intervención del Senado no garantiza la independencia del organismo, porque el Banco Central forma parte del Poder Ejecutivo y la relación entre ambos poderes puede derivar en conflictos institucionales.
Como alternativa, propuso que el directorio esté integrado por representantes designados por las legislaturas provinciales. En su esquema, los directores tendrían mandatos definidos y elegirían entre ellos al presidente del organismo. Si el titular entrara en conflicto con el Presidente de la Nación, podría dejar la presidencia y volver a ocupar su lugar en el directorio, que designaría a un nuevo titular.
Fernández señaló que el modelo tiene puntos de contacto con los sistemas de otros países, como Suiza y Estados Unidos, donde existen mecanismos de representación regional en sus autoridades monetarias.
El exministro consideró que ese diseño permitiría sostener la autonomía del Banco Central sin depender exclusivamente de los acuerdos políticos entre el oficialismo y la oposición. También planteó que, de ese modo, un cambio de gobierno no implicaría necesariamente una modificación de las autoridades monetarias ni de los principios establecidos en la Carta Orgánica.
En ese sentido, advirtió que, si el organismo no cuenta con una estructura que garantice su independencia, un eventual gobierno con una orientación económica diferente podría modificar las reglas vigentes. La representación federal, sostuvo, introduciría una instancia intermedia para resolver las diferencias sin alterar el marco institucional.