El temor el año pasado a que las compañías españolas con problemas financieros puedan caer presas de compañías extranjeras oportunistas llevó a Madrid a construir nuevas barreras legales en torno a las industrias estratégicas del país.

Después de que el gobierno argentino expropiara la unidad YPF de Repsol en 2012 dejando al grupo español vulnerable a un intento de adquisición España aprobó una reforma para evitar que los interesados realicen ofertas bajas para comprar compañías que hayan sufrido expropiaciones.

Al mismo tiempo, Madrid también revirtió una ley que prohibía los límites a los derechos a voto para los grandes accionistas de algunas de los grupos más grandes del país, como puede ser la compañía de energía Iberdrola.

Esto significa que, en el caso de que haya un acercamiento hostil para adquirir una compañía en el que rija el límite, cualquier ofertante no podrá remover al management aunque compre una participación accionaria elevada.

Quienes critican los cambios señalan que es innecesariamente proteccionista el deseo del gobierno español de proteger a sus principales grupos empresarios que hayan sufrido pronunciadas caídas en los precios de sus acciones durante la crisis financiera del país. También aseguran que la medida obstaculizará la inversión extranjera en España.

El gobierno de España mientras tanto, argumenta que las medidas deben tomarse como manera de asegurarles protección a los accionistas de las compañías perjudicadas por un acontecimiento extraordinario (como una expropiación.

La emisión de cupos de votos en España ganó fama durante la prolongada batalla entre Iberdrola y ACS, la compañía constructora dirigida por Florentino Perez, el presidente del club de fútbol Real Madrid.

ACS se había alzado de a poco con una participación cercana a 20% del capital de Iberdrola y, por lo tanto, quería un lugar en la junta de directores de la compañía.

Iberdrola rechazó el pedido de la constructora y empleó su cupo de votos para impedir que use más del 10% de su participación accionaria para votar en las asambleas anuales.

La medida que toma ahora España para que sean más difíciles las compras hostiles de compañías llega después en Francia, el regulador del mercado local mencionó que París quiere buscar la manera de evitar las ofertas de compra hostiles provenientes de grupos extranjeros.

Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, se reunió ayer con el comisario de Comercio, Karel de Gucht, para recordarle la obligación que tienen las instituciones europeas de proteger a las empresas españolas que han sufrido expropiaciones no compensadas en países como Bolivia y Argentina.