Para los usuarios residenciales el costo de la energía será 16,2% menor, mientras que para las industrias el recorte será mucho mayor, cercano a 28%.

Si bien las empresas desde lavanderías hasta la siderúrgica Gerdau le dieron la bienvenida al anuncio, provocó gran enojo entre los accionistas de las compañías eléctricas que sostienen que la medida amenaza con ser más perjudicial que beneficiosa.

“Puedo comprender claramente la necesidad de bajar los precios de la electricidad, pero esta operación no es la manera correcta de hacerlo,” aseguró Kristian Falnes, director del fondo Skagen Global de Noruega, que tiene 17% de acciones preferenciales de la eléctrica estatal brasileña Eletrobrás.

Parte de las reducciones de tarifas provendrá de recortes de impuestos; el gobierno cederá 3.300 millones de reales (u$s 1.580 millones) anuales para bajar 10,8% los valores para la industria y 5,3% los usuarios residenciales.

Pero la mayor parte de los descuentos recaerá sobre las compañías energéticas, que tendrán que cobrarle menos a los consumidores a cambio de una renovación anticipada de sus concesiones por hasta 30 años.
Las compañías tienen hasta el 14 de diciembre para decidir si aceptan la propuesta o se arriesgan a perder sus concesiones cuando expiren y tengan que cobrar menores tarifas en el futuro. En cualquier caso saldrán perdiendo.
La aceptación de las condiciones por parte de Eletrobrás provocó quejas generalizadas entre los accionistas minoritarios, lo que llevó este mes a que renunciara del directorio José Luiz Alqueres, representante de los accionistas y ex CEO de la eléctrica estatal.
Skagen, que está analizando accionar legalmente, señaló que el acuerdo estará cerca de destruir el valor de la compañía. Desde que Rousseff anunció los recortes de tarifas en el marco de las celebraciones por el día de la independencia en septiembre, las acciones de Eletrobrás perdieron la mitad de su valor y actualmente están cotizando a cerca de 6 reales.
Barclays advirtió que Eletrobrás quizás haga una oferta de capital por entre 8.000 y 10.000 millones de reales el año próximo para financiar operaciones y reducir el apalancamiento.
El derrumbe del precio de las acciones provocó otro golpe al índice accionario Bovespa, que ha retrocedido cerca de 16% en los últimos dos años debido al temor por la creciente intervención del gobierno en sectores económicos desde la banca hasta la minería.
Sin embargo, otras eléctricas más chicas, se mostraron más reacias a aceptar los términos del gobierno. Cteep, que representa el 30% de la transmisión de electricidad de Brasil, informó que su directorio recomendó no renovar su concesión que vence en 2015, pero todavía no confirmó la decisión. Celesc señaló este mes que rechazará las condiciones.
Fitch aseguró que las ganancias de los rivales Copel y Cemig podrían caer entre 10% y 15% si aceptan la propuesta. Sin embargo, el gobierno sigue confiado en que convencerá a todas la eléctricas.