Sumar propone que el Estado haga una compra masiva de viviendas y no descartan la suba de impuestos

El responsable de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, ha planteado la compra masiva por parte del Estado de viviendas destinadas a usos no residenciales, como los pisos turísticos. Esta medida se financiaría a través de los presupuestos generales, sin descartar una eventual subida de impuestos.

Durante una jornada sobre despolarización de la vivienda organizada por la plataforma España Mejor, Ibáñez explicó que las adquisiciones se realizarían a precios regulados, con el objetivo de aumentar el parque de viviendas en alquiler asequible, gestionado por el Estado. Además, propuso prohibir la compraventa de viviendas por parte de personas jurídicas y permitir alquileres indefinidos, salvo cuando los propietarios necesiten las viviendas para uso personal.

Según Ibáñez, la vivienda no debe considerarse un negocio. También subrayó la importancia de acuerdos políticos y la necesidad de superar el partidismo en esta materia.

El PP califica de inviable la empresa pública de vivienda

Por su parte, José Ramón Díez de Revenga, secretario ejecutivo de Vivienda del PP, criticó la empresa pública de vivienda anunciada por el Gobierno, calificándola de improvisada e inviable. Señaló que concentrar los esfuerzos exclusivamente en vivienda pública y alquiler ignora el deseo mayoritario de los ciudadanos de acceder a la propiedad.

Díez de Revenga abogó por la vivienda de protección oficial en propiedad con ayudas públicas, impulsar la rehabilitación y evitar la polarización ideológica que enfrenta a "ricos y pobres" o a propietarios e inquilinos.

El PSOE insta a las CCAA a aplicar la Ley de Vivienda

Ignasi Conesa, portavoz del PSOE en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso, pidió a las comunidades autónomas que no aplican la Ley de Vivienda que cumplan con ella. Subrayó que la polarización dificulta los acuerdos y que las faltas de respeto entre partidos, como ocurrió con la fallida Ley del Suelo, no contribuyen al diálogo.

Conesa destacó que la empresa pública representa un cambio de paradigma al priorizar el acceso a la vivienda como un derecho, alejándose de su concepción como negocio.

Vox defiende la construcción y la propiedad privada

Carlos Hernández, responsable de vivienda de Vox, abogó por liderar una solución conjunta basada en la cooperación. Afirmó que promover excesivamente el alquiler ha generado una burbuja que reduce la oferta y eleva los precios.

Hernández insistió en que la mayoría de los ciudadanos prefieren la propiedad, y defendió medidas como construir más viviendas, garantizar la seguridad jurídica, agilizar la disponibilidad de suelo, reducir impuestos y fomentar la colaboración público-privada.

España Mejor cuestiona el papel de los políticos

Tras las intervenciones, Miriam González, abogada y fundadora de España Mejor, expresó su preocupación por la falta de acuerdos entre los partidos y la escasa atención a las necesidades sociales, especialmente de los jóvenes. González, también esposa del exvicepresidente del Reino Unido Nick Clegg, se preguntó si los políticos son parte de la solución o del problema.

Recriminó a las formaciones políticas su incapacidad para dejar de lado las diferencias y encontrar soluciones reales a la crisis de vivienda, como reclama la ciudadanía.