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Pedro Sánchez alcanza este domingo dos años desde su última investidura con el desafío político más serio de la legislatura: la retirada del apoyo de Junts, el partido que resultó imprescindible para su continuidad en 2023.
Pese al quiebre del acuerdo y a un clima institucional marcado por la crispación, el presidente insiste en su objetivo de agotar el mandato hasta 2027.
El 16 de noviembre de 2023, tras casi cuatro meses de negociaciones posteriores a las elecciones generales, Sánchez obtuvo la mayoría absoluta necesaria para renovar su estadía en la Moncloa.
El respaldo conjunto del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, BNG y Coalición Canaria permitió superar el voto en contra del PP, Vox y UPN.
Entre todos los pactos, los alcanzados con los partidos independentistas catalanes tuvieron un peso decisivo, especialmente por el compromiso de aprobar una amnistía que aún no ha beneficiado a Carles Puigdemont.
Dos años después, el clima es distinto. Junts ha dado por roto el acuerdo con el PSOE de manera “irreversible” y ha anunciado enmiendas de totalidad a todas las iniciativas del Gobierno.
La formación denuncia incumplimientos vinculados al traspaso de competencias, la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, la publicación de las balanzas fiscales y la ejecución de inversiones.
A ello se suma una estrategia interna condicionada por el crecimiento de Aliança Catalana.
¿Cómo impacta la ruptura con Junts en la estabilidad del Gobierno?
La decisión de Junts llega en un momento complejo para Sánchez, marcado por tensiones internas dentro del PSOE y por investigaciones judiciales que han golpeado su entorno.
La figura de Santos Cerdán, ex secretario de Organización y principal negociador con Puigdemont, se volvió central tras su detención en el caso Koldo.
Fuente: EFE
Sánchez pidió perdón por haber confiado en él, igual que antes lo hizo por José Luis Ábalos, pero negó que estos episodios alteraran su determinación de conducir la legislatura.
El presidente sostiene que su horizonte continúa en 2027, aun sin la perspectiva de aprobar nuevos presupuestos, y asegura que luchará por sacar adelante iniciativas que considera prioritarias, como las orientadas a enfrentar la crisis habitacional.
En el Gobierno solo contemplan un riesgo inmediato: una eventual moción de censura. Sin embargo, la ven improbable, porque implicaría para Junts apoyar al PP y Vox, un movimiento que podría acarrear un coste electoral considerable.
La tensión quedó reflejada esta semana en el Congreso durante la comparecencia de Sánchez en un debate marcado por acusaciones cruzadas y un clima de alta confrontación.
La proximidad del ciclo electoral autonómico, que arranca el 21 de diciembre en Extremadura, y el avance de causas judiciales que involucran a figuras del entorno presidencial alimentan un escenario político convulso, sin señales de desescalada.
¿Qué exige Junts a Sánchez tras el quiebre definitivo?
Desde Barcelona, el portavoz Josep Rius reprochó a Sánchez que no se haya tomado “ni un día de reflexión” tras la ruptura, comparándolo con los cinco días que el presidente se ausentó en 2024 cuando se abrió una investigación judicial sobre su esposa, Begoña Gómez.
Para Junts, el Gobierno actúa como si no hubiese ocurrido nada, una actitud que consideran irrespetuosa tras semanas de advertencias.
Rius insistió en que la relación con el PSOE está “terminada”, incluido el proceso de negociación y mediación en Suiza.
Recordó que el mediador llegó a intervenir públicamente para frenar una moción que buscaba forzar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, convencido entonces de que los socialistas cumplirían lo pactado. Según Junts, el silencio actual del mediador confirma que esa expectativa ya no existe.
El portavoz aclaró que la ruptura no implica un alineamiento automático con el PP. La reciente votación sobre la vida útil de las centrales nucleares, en la que Junts coincidió con los populares, responde —explicó— a la lógica parlamentaria y no a una estrategia de bloques.
Sobre el auge de Aliança Catalana, Rius admitió que representa un desafío para todas las fuerzas catalanas y apeló a evitar la utilización partidista del fenómeno, comparándolo con el avance de la extrema derecha en otros países europeos.