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El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, enfrenta una investigación judicial que apunta a un posible uso de su antigua consultora, Equipo Económico, como plataforma para desviar fondos y favorecer a empresas privadas a cambio de influencias políticas.
La causa, que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, acumula evidencias que incluyen contratos millonarios, pagos sospechosos, vínculos con empresas del Ibex y presiones a periodistas críticos.
A las sospechas de corrupción, tráficodeinfluencias y fraude fiscal, se suma la presunta existencia de un entramado de sociedades interpuestas para desviar dinero y disimular su origen ilícito. Los informes de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra sitúan a Montoro y a varios de sus antiguos socios en el centro de una red de favores que habría operado incluso tras su salida del bufete.
¿Utilizó Montoro su antiguo despacho para influir en decisiones políticas?
El juez sospecha que la firma Equipo Económico fue mucho más que una simple consultora. Según los informes policiales, el despacho habría sido contratado por empresas como Abengoa, Ferrovial o Madrid Network para facilitar reformas legislativas que las beneficiaban directamente.
La investigación sugiere que el bufete no solo cobraba por asesorías, sino que ofrecía "resultados concretos" en decisiones fiscales o regulatorias.
En el caso de Abengoa, los Mossos indican que pagó cerca de 3,9 millones de euros a la firma entre 2009 y 2015, mientras uno de los socios del bufete, ex alto cargo del Ministerio de Hacienda, formaba parte del consejo de administración de la empresa.
Con Ferrovial, el despacho habría recibido casi 300.000 euros en apenas dos años. En el caso de Madrid Network, la relación se tradujo en pagos por 1,8 millones de euros, en medio de una intensa actividad legislativa favorable al sector empresarial madrileño.
El juez vincula estos contratos con el momento en que se dictaban nuevas normas fiscales que beneficiaban a las empresas contratantes. Según la Fiscalía Anticorrupción, esto refuerza la hipótesis de una operativa sistemática para intercambiar favores por dinero, más allá de un caso aislado.
¿Existía una red de sociedades para desviar fondos?
El juzgado también apunta a la posible existencia de una estructura financiera diseñada para blanquear el dinero obtenido por esas operaciones.
La Guardia Civil identificó más de una veintena de sociedades vinculadasdirecta o indirectamente a los socios de Equipo Económico, algunas de ellas con actividad en el extranjero. Las pesquisas sugieren que estas empresas habrían recibido pagos desde la matriz del bufete para disimular el origen del dinero.
Algunos fondos habrían acabado fuera de España. Irlanda, Luxemburgo, Colombia, Panamá y Estados Unidos aparecen en los informes como destinos sospechosos del dinero.
En paralelo, la Agencia Tributaria detectó retribuciones millonarias a los socios del bufete, con sueldos que en algunos casos superaron los 10 millones de euros entre 2008 y 2019. Estas cifras no incluyen a Montoro, quien oficialmente dejó la firma en 2008.
Sin embargo, la Guardia Civil duda de esa desvinculación. En uno de los informes se afirma que Montoro pudo seguir controlando el despacho de forma indirecta, incluso después de haber traspasado sus participaciones por un precio inferior al valor real. Según los Mossos, esta operación pudo encubrir una continuidad en la gestión de la sociedad.
Acusan a Montoro de amenazar a periodistas desde el Ministerio de Hacienda
El caso también tiene una arista inquietante: el uso presunto de la Agencia Tributaria para intimidar a periodistas incómodos. Varios reporteros que investigaron los contratos de Equipo Económico denunciaron haber sido objeto de presiones e inspecciones fiscales inusuales tras publicar sus trabajos.
Uno de ellos, Javier Chicote, reveló que Hacienda elaboró un informe tributario sobre él y su entorno personal, apenas semanas después de publicar una investigación sobre los pagos del Ibex al bufete fundado por Montoro.
Según Chicote, los inspectores llegaron a revisar herencias familiares y datos de su hija menor. Otro periodista, Carlos Alsina, denunció que Montoro lo amenazó directamente al recordarle su poder para fijar el IVA de productos clave para su grupo editorial. "Yo decido el IVA del libro digital, y no creo que a los accionistas de tu grupo les guste que lo suba", habría dicho el exministro.
El relato más dramático lo ofreció Federico Quevedo, quien asegura haber intentado suicidarse tras sufrir embargos, pérdida de empleos y una campaña de acoso fiscal. Según relató en televisión, Montoro le advirtió personalmente que dejaría de trabajar si seguía criticando al Gobierno.
Estos testimonios abren una línea paralela de investigación sobre el uso indebido de información fiscal con fines políticos. Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando con nuevas diligencias, entre ellas el análisis de las cuentas bancarias de las sociedades investigadas y posibles vínculos con paraísos fiscales.
Con información de EFE.
