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El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles que los hijos e hijas de quienes obtuvieron la nacionalidad española a través de la llamada ley de nietos, alrededor de 190.000 personas, podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La decisión marca una diferencia clara con la situación de sus padres. El Supremo mantiene suspendido de forma cautelar el derecho a voto de 163.020 nacionalizados por esta vía, salvo que acrediten ser descendientes de exiliados, una medida que el Tribunal Constitucional se negó a revisar al considerar que el procedimiento aún estaba abierto.

El Supremo rechaza el recurso de Vox

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado por mayoría el recurso de reposición que Vox presentó contra la decisión del pasado día 9 de no suspender el voto de los hijos de los nacionalizados. Aún está pendiente el recurso de Iustitia Europa, aunque previsiblemente se resolverá en los mismos términos, según informó la agencia EFE.

Vox alegaba “una perturbación grave del interés general” y la necesidad de contar con “un censo cierto y depurado”. Para ello, se apoyaba en el voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, partidario de extender también la suspensión a los hijos para mantener una “línea de actuación internamente cohesionada”.

El Tribunal Supremo considera inviable revisar el censo a pocos días del 29N. Shutterstock

No hay tiempo para revisar el censo

El tribunal, sin embargo, se reafirma en su postura y considera inviable revisar el censo en apenas unos días, cuando la revisión de los padres llevó dos meses de trabajo a la Administración. “En el estado tan avanzado del proceso electoral en curso no resulta posible iniciar un nuevo procedimiento de revisión del censo como el pretendido”, sostiene la Sala.

Según el Supremo, no solo no habría tiempo para terminar esa revisión antes de la votación, sino que tampoco podría garantizarse el derecho de los afectados a ser escuchados y a que se respondan sus alegaciones. Es un aspecto que, según el tribunal, Vox no tiene en cuenta, pero en el que han insistido la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

La Sala admite, eso sí, que si estas medidas se hubieran pedido al inicio del procedimiento cautelar, “la respuesta podría haber sido distinta”.

Un voto particular y otro concurrente

Como ya ocurrió en la decisión anterior, el juez Fonseca-Herrero ha votado en contra. A su juicio, las inscripciones de los hijos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes están “claramente viciadas” porque derivan de las de sus padres. Además, considera que revisarlas sería “bastante sencillo y fácil de ejecutar con los medios informáticos existentes”.

La magistrada Alicia Millán, por su parte, ha emitido un voto concurrente. Aunque comparte la decisión, insiste en que las nuevas medidas solicitadas no tienen conexión con el objeto del proceso.

La decisión despeja las dudas sobre el voto de los hijos de los nacionalizados, pero no el de sus padres. (Imagen ilustrativa) Magnific

A once días de las elecciones, la decisión del Supremo despeja las dudas sobre el voto de los hijos de los nacionalizados, aunque mantiene la incertidumbre para sus padres, que solo podrán votar si los consulados certifican que descienden de exiliados.