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La defensa de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, presentó ante el Tribunal Supremo un escrito en el que solicita la nulidad del juicio que se celebra contra él por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. El motivo: mientras el Supremo juzga los hechos, la Audiencia Nacional sigue investigando casos directamente relacionados con los mismos acusados.
La petición llega después de que la Unidad Central Operativa (UCO) presentara la semana pasada un nuevo informe sobre Baleares en la causa que instruye la Audiencia Nacional.
Ese informe analiza la contratación de material sanitario durante el covid-19 a empresas vinculadas a Víctor de Aldama, el empresario que comparte banquillo en el Supremo junto a Ábalos y García.
La defensa pide suspender el juicio “con carácter urgente”
En su escrito, la defensa de Koldo no solo reclama la nulidad del proceso, sino también la suspensión inmediata del juicio, que comenzó el 7 de abril y tiene previsto concluir el 5 de mayo. La estrategia apunta en dos direcciones: o bien trasladar toda la causa a la Audiencia Nacional, considerada el “juez natural” para estos hechos, o bien acumular lo investigado allí a la causa especial que ya se juzga en el alto tribunal.
El argumento central descansa en un patrón que la defensa califica de “acumulado y sistemático”. Según el escrito al que tuvo acceso EFE, el de Baleares es el tercer informe de la UCO presentado ante la Audiencia Nacional en los últimos seis meses, tras los relativos a Canarias y a ADIF.
La defensa señala que los tres comparten “la misma fisionomía: mismos acusados, mismos hechos nucleares, misma supuesta contraprestación, mismas fuentes de prueba”.
Dos tribunales, un mismo caso: el riesgo de resoluciones contradictorias
En el centro del problema jurídico está una contradicción que la defensa considera insostenible. Lo que se juzga en el Supremo y lo que investiga la Audiencia Nacional convergen en el mismo punto: las adjudicaciones de contratos a Soluciones de Gestión, supuestamente favorecidas por la influencia de Koldo y Ábalos a cambio de pagos de 10.000 euros mensuales.
Para la defensa, cada informe de la UCO afecta a una administración diferente, pero lo que importa penalmente no es cada adjudicación por separado, sino “el acuerdo previo, la organización y la retribución”, que sería el mismo en ambas instancias.
Lo que esto plantea, según el escrito, es una disyuntiva: o existe una “doble persecución simultánea prohibida”, o se están fraccionando los hechos y juzgando solo una parte, lo que “impide un enjuiciamiento justo y verdadero”.
A esto se suma otro elemento que preocupa a la defensa: el riesgo de que los dos tribunales lleguen a resoluciones contradictorias sobre los mismos hechos y los mismos implicados.
Una desigualdad “radical” entre acusación y defensa
Más allá del debate sobre competencias, la defensa de Koldo denuncia una situación que describe como una desigualdad de armas “radical, estructural e insuperable” entre las acusaciones y las defensas.
El quid está en los dispositivos electrónicos intervenidos a los acusados: permanecen bajo custodia exclusiva de la Audiencia Nacional, lo que significa que la instrucción paralela tiene acceso a fuentes de prueba a las que el juicio en el Supremo no puede llegar en igualdad de condiciones.
Esta circunstancia refuerza, según la defensa, la necesidad de unificar los procesos antes de que el juicio avance más. La pelota queda ahora en el tejado del Tribunal Supremo, que deberá decidir si acepta los argumentos de Koldo García o si el juicio continúa su curso hasta la fecha prevista de cierre.