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La declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo convirtió el juicio por el caso mascarillas en una jornada de alto voltaje político y judicial. El exministro de Transportes, en prisión preventiva y acusado por presuntos amaños en contratos de material sanitario durante la pandemia, tomó la palabra en la recta final del proceso para negar las acusaciones más graves y cargar contra varios frentes.
El exdirigente socialista declaró después de que el comisionista Víctor de Aldama lo señalara como parte central de una presunta trama de mordidas vinculada a contratos públicos.
Aldama cifró entre 3,5 y 4 millones de euros las supuestas comisiones pagadas a Ábalos y a su exasesor Koldo García, además de pagos mensuales de 10.000 euros para gastos fijos. La Fiscalía pide para el exministro 24 años de cárcel, mientras que el PP eleva su petición a 30 años.
José Luis Ábalos declara en el Supremo y niega las mordidas de Aldama
Ábalos rechazó haber recibido dinero de Aldama y respondió con una frase tajante ante la pregunta de su abogado, Marino Turiel, sobre si cobró alguna cantidad del empresario o de sus sociedades: “Ya le digo que no y no hay ninguna evidencia en absoluto sobre ello”. La declaración se produjo al cierre de un interrogatorio de seis horas y media, en el que el exministro intentó desmontar la tesis de la acusación.
El exnúmero 3 del PSOE ironizó con que Aldama le atribuya cada vez “más millones” en sus declaraciones. “No van a encontrarme nada”, afirmó ante el tribunal. Según su versión, en diez años de investigación patrimonial, la Guardia Civil solo ha detectado algo más de 94.000 euros de origen desconocido, una cifra que él cuestiona y que asegura poder explicar. También sostuvo que, si esa cantidad fuera cierta, equivaldría a unos 500 euros mensuales en el “gran caso de corrupción de mascarillas”.
El exministro pidió analizar “con rigor” el informe patrimonial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según dijo, tras revisar las cuentas, le sale “bastante menos” que esos más de 94.000 euros atribuidos por los investigadores. Ábalos vinculó parte de esas dudas a mensajes de Koldo García y a ingresos que, según su versión, no fueron valorados correctamente por la UCO.
Uno de sus argumentos se centró en el cambio de “la cultura de pago”. Ábalos defendió que “cada vez la gente retira menos dinero en efectivo y se impone el uso de la tarjeta”. Añadió que, durante su etapa como ministro de Transportes entre 2018 y 2021, “no iba pagando por ahí”, porque usaba tarjeta para gastos personales y, en actos oficiales, los pagos se resolvían por protocolo.
Por qué Ábalos atacó al PP, a Aldama y a la auditoría de Óscar Puente
La sesión tuvo también una dimensión política directa. Ábalos se negó a responder a las preguntas del PP, que coordina las acusaciones populares, por considerar que su intervención responde a un “uso torticero de la Justicia” para hacer “oposición al Gobierno”. Según dijo, el juicio no debe ser el “foro” para conformar opinión pública ni para actuar contra el Ejecutivo.
El exministro tampoco quiso contestar al abogado de Víctor de Aldama. Lo acusó de intentar “politizar una causa eludiendo responsabilidad” y lo definió como un “ornitorrinco procesal”, una “figura muy rara”. También cuestionó que Aldama esté en libertad mientras él y Koldo García continúan en prisión preventiva.
Ábalos también apuntó contra la auditoría encargada por su sucesor en Transportes, Óscar Puente, sobre los contratos de mascarillas. La calificó de “absolutamente anómala” y sostuvo que solo sirvió para “intoxicar la propia causa”. A preguntas de su defensa, afirmó que el informe tenía un sentido “político” y una “clara intencionalidad”. Además, recordó un mensaje que envió en ese contexto: “Si creéis que con esto me vais a apartar, lo tenéis claro”.
En paralelo, el exministro explicó su relación con Koldo García y el manejo de gastos en la Secretaría de Organización del PSOE. Dijo que delegó en su exasesor esos desembolsos y aseguró que hasta 2021 Ferraz reintegraba gastos anticipados en metálico.
“Nunca me metí en el tema del dinero”, afirmó. También describió una práctica interna que, según él, venía de años atrás: “Te pagaban moneda a moneda. Más de 200 personas cobrando en metálico. Era la tradición del partido de toda la vida. Siempre fue así”.
Ábalos reconoció que Koldo cubrió parte de sus gastos personales por razones que atribuyó a la “naturaleza” y “singularidad” de algunos pagos. También dijo que aún le debe más de 30.000 euros, incluidos 12.200 euros que su exasesor le habría prestado para gastos derivados de la liquidación de bienes tras su divorcio. “Recurrí a varios amigos, pero no tuve suerte”, declaró.
Sobre Aldama, el exministro defendió que su relación fue “siempre indirecta” y que nunca fueron amigos. “Siempre mantuve una cierta distancia y es verdad”, dijo. También sostuvo que llamar a Ábalos “jefe” era, en el caso del comisionista, “una forma de alardear”. En cuanto a las supuestas entregas de dinero en mano, afirmó que le parecía “muy grosero” y volvió a negar cualquier cobro.
Cómo reaccionaron PP, Vox, Sumar y Podemos ante las declaraciones de Ábalois
La declaración de Ábalos en el Tribunal Supremo provocó una cascada de reacciones políticas. Desde Vox, Santiago Abascal elevó el tono y aseguró que “el señor X y el número uno de esta trama de corrupción y de esta mafia es Pedro Sánchez”. También afirmó que “nadie se cree que Pedro Sánchez no supiera nada de todo esto”, en una intervención ante los medios en Úbeda, Jaén.
El líder de Vox vinculó el caso con una crítica más amplia al presidente del Gobierno y apoyó la Marcha por la Dignidad convocada para el 23 de mayo en Madrid por la Sociedad Civil Española. “Tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo y animamos a los españoles a una movilización masiva”, señaló. Sus acusaciones fueron formuladas en clave política y se suman a la presión de la oposición sobre el Ejecutivo.
El PP también utilizó la jornada para reforzar su ofensiva contra Sánchez. El vicesecretario de análisis electoral, Elías Bendodo, afirmó que las declaraciones del caso Koldo evidencian la implicación del presidente del Gobierno. “Miremos donde miremos, aparece la corrupción del sanchismo y Sánchez al final era la mano invisible que estaba en todos los casos de corrupción”, sostuvo. También habló de un “elemento troncal” que, según el PP, “va cogiendo cada vez más fuerza”: la “presunta financiación ilegal” del PSOE.
Bendodo señaló además que Ábalos fue “la mano derecha” de Sánchez, “el ingeniero de las primarias y el arquitecto del Gobierno sanchista”. En ese marco, vinculó la declaración del exministro con la campaña andaluza y apuntó contra María Jesús Montero, candidata socialista en las elecciones autonómicas del 17 de mayo. “Si Montero no sabía nada de todo esto, mal, porque no se enteraba de nada. Si lo sabía y lo calló, peor”, dijo.
Desde el espacio de la izquierda, Sumar marcó distancia con el PSOE. El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, pidió que la Justicia investigue “hasta el final” el caso que afecta a exdirigentes socialistas. También defendió que “es posible la corrupción cero” y sostuvo que su espacio político “jamás” se vio afectado por “ningún caso grave de corrupción”. Además, reclamó desplegar las medidas anticorrupción pactadas con el PSOE, incluida la creación de una oficina específica.
Podemos fue más duro con el Gobierno. Su portavoz y secretario de Organización, Pablo Fernández, afirmó que la causa contra Ábalos es en realidad un “caso PSOE” y consideró “inverosímil” que Pedro Sánchez no supiera nada. Fernández sostuvo que Ábalos actuaba durante su etapa como secretario de Organización con la “máxima confianza” del presidente. Aunque dijo que no ve comparable el caso con la trama Gürtel del PP, acusó a socialistas y populares de tener la corrupción “como una forma de gobierno”.
La causa continúa con el foco puesto en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia, el papel de Soluciones de Gestión y las versiones enfrentadas de Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. En su declaración, el exministro también denunció una “cierta intencionalidad” y un “sesgo permanente” en la investigación, y cuestionó la aparición en informes de la UCO de una conversación de WhatsApp con Pedro Sánchez. “No sé qué tiene que ver con la causa”, dijo, antes de añadir que no entendía cómo un intercambio entre un ministro y el presidente podía estar “así de ventilado públicamente”.