El empresario Víctor de Aldama intensificó este miércoles el impacto político del denominado caso Koldo al declarar ante el Tribunal Supremo que el presidente Pedro Sánchez ocupaba el “escalafón 1” dentro de una supuesta “banda organizada”. Sus afirmaciones se produjeron en el juicio por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia. El testimonio no solo apuntó a la cúpula del Gobierno, sino que también involucró al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y a otros actores políticos y administrativos, ampliando el alcance de un caso que ya generaba fuertes repercusiones institucionales. Durante su extensa declaración, Aldama reconoció su pertenencia a la trama y describió una estructura jerárquica en la que situó a Sánchez en la cima, seguido por Ábalos y García, mientras él mismo se ubicó en un cuarto nivel. En ese marco, afirmó que pagó comisiones de manera regular y cifró entre 3,5 y 4 millones de euros las entregas a Ábalos y su exasesor, incluyendo pagos mensuales de 10.000 euros que definió como “un regalo” independiente de otras cantidades. El empresario aseguró que “todo lo sabía el presidente” y relató un episodio en un acto del PSOE en 2019 en el que, según su versión, Sánchez le agradeció personalmente su labor. También subrayó la cercanía entre Koldo García y el mandatario, al señalar que lo llamaba por su nombre de pila y que otros ministros atendían sus llamadas por considerarlo una persona de confianza del jefe del Ejecutivo. El testimonio de Aldama incluyó múltiples derivaciones. Afirmó que el entonces asesor Koldo García le transmitió que, al no poder ubicarlo en La Moncloa, fue incorporado al Ministerio de Transportes “a instancias de Santos Cerdán”. También explicó que utilizaban teléfonos desechables facilitados por una unidad de la Guardia Civil, a la que, según dijo, entregaba pagos mensuales de 2000 euros para cubrir carencias operativas. En esa línea, mencionó al comandante Rubén Villalba y sostuvo que los superiores de la unidad tenían conocimiento de esos aportes, así como de la entrega de un dron. Los dispositivos de comunicación eran identificados con claves como “café”, según su relato. Además, introdujo nuevas figuras en la causa. Señaló que el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, fue mencionado en una supuesta solicitud de comisión que finalmente no se concretó. También implicó a la exministra de Hacienda María Jesús Montero, al asegurar que dio una “orden clara” para que la Agencia Tributaria lo ayudara con una deuda de su empresa, extremo que la Fiscalía sostiene que no ocurrió. Por último, deslizó que retiró una oferta inmobiliaria tras indicaciones vinculadas a Begoña Gómez, sin aportar detalles adicionales sobre esa supuesta intervención. La respuesta del Ejecutivo fue inmediata y contundente. Fuentes del Gobierno calificaron a Aldama como “un gran mentiroso” y remarcaron que los acusados pueden mentir en su defensa. Reiteraron que Sánchez negó cualquier relación con el empresario, tanto en sede parlamentaria como en declaraciones públicas previas. El PSOE, por su parte, anunció que pedirá amparo al Tribunal Supremo para actuar frente a lo que considera “injurias” y evitar que se “difame impunemente” al partido. Desde la formación sostienen que no existe financiación ilegal y denuncian una estrategia basada en acusaciones sin pruebas. En paralelo, el proceso judicial continúa con un testimonio clave que busca reforzar la colaboración de Aldama con la Fiscalía para reducir una posible condena de hasta siete años de prisión. La causa queda ahora sujeta a la valoración de las pruebas y a la credibilidad de las declaraciones, en un escenario de fuerte impacto político e institucional.