En esta noticia
La Audiencia Nacional ha situado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una investigación de alto impacto político y judicial. El juez José Luis Calama lo ha citado como imputado el próximo 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa vinculada al rescate de Plus Ultra.
La investigación gira en torno al préstamo de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea durante la pandemia. Según fuentes jurídicas citadas por EFE, se investigan supuestos cobros de comisiones ilegales y el posible uso del dinero para blanquear fondos procedentes de operaciones presuntamente corruptas relacionadas con altos funcionarios venezolanos.
Zapatero, imputado por el caso Plus Ultra: qué delitos investiga el juez
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 considera a Zapatero presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad sería “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. La causa se dirige contra el expresidente por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
El auto, de 85 páginas, sostiene que la investigación ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”. La acusación es grave, pero la causa está en fase de instrucción y rige la presunción de inocencia.
Según la resolución, la presunta trama habría usado sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”. El juez también señala a personas del entorno del expresidente, entre ellas su secretaria, como posibles intermediarios con los clientes de la red.
La imputación llega después de que la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF reactivaran las pesquisas. En 2024, los investigadores detectaron indicios de que el dinero del rescate podía estar vinculado a operaciones de blanqueo. El caso, que ya había sido archivado en Madrid respecto a la legalidad de la ayuda pública, volvió a abrirse con una línea distinta: el destino de los fondos y las presuntas comisiones.
El rescate de 53 millones a Plus Ultra y los pagos bajo sospecha
El punto de partida está en marzo de 2021, cuando el Gobierno autorizó la ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. Un juzgado de Madrid investigó inicialmente el rescate, pero en enero de 2023 archivó de forma provisional la causa al entender que “no aparece debidamente justificada la comisión de un delito”. Esa decisión fue respaldada por la Audiencia Provincial de Madrid.
La nueva investigación, sin embargo, mira otro frente. Anticorrupción pidió reabrir el caso tras detectar indicios de que el dinero podía haber servido para blanquear capitales. En diciembre de 2025, la UDEF detuvo al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, al consejero delegado Roberto Roselli, a un abogado y al empresario Javier Martínez Martínez. Todos fueron puestos después en libertad.
El juez sostiene que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda pública mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”. Para ello, según el auto, habrían articulado dos vías de influencia: una a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Zapatero. Calama considera que la vía del expresidente adquirió un “papel predominante” para lograr los objetivos perseguidos.
La resolución también fija el foco en los pagos. Según EFE, la consultora Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, sociedad administrada por sus hijas. El juez considera que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante, procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa, terminaron en el entorno del expresidente.
Zapatero negó en marzo, durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre el caso Koldo, haber tenido relación con la ayuda a la aerolínea. Allí defendió la legalidad de sus trabajos de consultoría y explicó que trabajó para Análisis Relevante, cliente de Plus Ultra, por 70.000 euros brutos anuales, con factura y tributación por IRPF. También señaló que la comunicación y el marketing fueron realizados por la empresa de sus hijas, una firma de seis empleados que, según dijo, no trabaja para administraciones públicas.
Registros, sociedad en Dubái y la decisión de no entrar en la casa de Zapatero
La investigación tuvo este martes una imagen clave: el registro del despacho de Zapatero en la calle Ferraz, en Madrid. Agentes de la UDEF y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas concluyeron la actuación después de algo más de cuatro horas y salieron del inmueble con cajas de documentación. También se realizaron registros en What The Fav S.L., propiedad de sus hijas Alba y Laura, y en Softgestor. A Inteligencia Prospectiva se le requirió información porque la empresa se encontraba en obras.
El juez también ordenó requerimientos de información a la SEPI y a otras entidades vinculadas a la investigación. Calama levantó además el secreto de las actuaciones al considerar que el registro ya había cumplido su finalidad y que el éxito de la investigación estaba “garantizado”.
Otro punto del auto apunta a un posible delito de blanqueo de capitales. Según la resolución citada por EFE, los investigados habrían recurrido a sociedades instrumentales, estructuras fiduciarias y cuentas o productos financieros en el extranjero para dificultar el rastreo del dinero. El juez menciona la constitución de una sociedad en Dubái, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, con un plan de negocio de USD 3 millones en cinco años y participada por Idella Consulenza Strategica.
La hipótesis judicial relaciona esa estructura con un contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros, el 1% del rescate público, sin constancia de pago en España. Para el juez, la proximidad temporal entre la creación de la sociedad y ese contrato refuerza la sospecha de que la sociedad en Dubái pudo haber sido diseñada para recibir fondos fuera de España y evitar su trazabilidad.
Calama también describe una segunda línea de influencia vinculada al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, el INAC, para asegurar autorizaciones de vuelo de Plus Ultra. Según el auto, esa línea y la dirigida a obtener la ayuda pública española formarían parte de un mismo plan global de actuación, con una finalidad económica común.
La Policía pidió registrar el domicilio particular de Zapatero, pero el juez lo rechazó. Calama consideró que no había datos para afirmar que en la vivienda pudiera haber fuentes de prueba y advirtió que un registro domiciliario “no puede convertirse en una actuación meramente exploratoria o prospectiva”. También sostuvo que entrar en su casa supondría una afectación “especialmente intensa” a sus derechos fundamentales y que existían vías alternativas menos intrusivas, como el registro de su oficina.
Es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno aparece investigado en una causa de corrupción. El recorrido judicial recién comienza: Zapatero deberá declarar el 2 de junio, mientras el juzgado analiza documentación, contratos, movimientos financieros y el papel de las empresas que, según el auto, habrían servido para canalizar pagos bajo apariencia de asesorías.