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La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero abrió un nuevo frente político en España. El expresidente del Gobierno fue citado a declarar el próximo 2 de junio por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa vinculada al rescate de Plus Ultra.
La reacción del Gobierno y del bloque de investidura fue inmediata. Moncloa transmitió “máxima tranquilidad”, el PSOE cerró filas con el exjefe del Ejecutivo y varios socios pidieron prudencia antes de convertir la causa en una condena política. El caso, sin embargo, ya tensiona el tablero: es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno aparece imputado por la justicia, según los cables de EFE incorporados a la cobertura.
El Gobierno defiende a Zapatero y pide respetar la presunción de inocencia
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió el legado político de José Luis Rodríguez Zapatero y aseguró que el Ejecutivo recibió la noticia “desde la tranquilidad, la confianza, la prudencia y el respeto a la Justicia”. También expresó su deseo de que “la Justicia haga justicia” y remarcó la necesidad de respetar la presunción de inocencia del expresidente.
Saiz vinculó la causa con el origen de la denuncia, que atribuyó a una organización “ultra, Manos Limpias”, pero intentó separar esa lectura política del respeto formal al procedimiento judicial. Desde la mesa del Consejo de Ministros, insistió en el “máximo respeto a la Justicia” y reivindicó que los préstamos concedidos a aerolíneas durante la pandemia siguieron procedimientos “absolutamente pulcros y transparentes”.
La portavoz sostuvo, además, que esas ayudas permitieron salvar empresas y empleos. Según su versión, fueron autorizadas por la Comisión Europea y validadas por el Tribunal de Justicia de la UE y por el Tribunal de Cuentas. En esa línea, Moncloa busca defender dos planos al mismo tiempo: la limpieza del procedimiento de rescate y el derecho de Zapatero a defenderse antes de cualquier conclusión política.
El Ejecutivo también colocó el foco en el perfil histórico del expresidente. Saiz afirmó que Zapatero impulsó “la mayor transformación social” del país, con avances en derechos y justicia social, y recordó que bajo su liderazgo la sociedad española derrotó a ETA. Esa defensa del legado apareció como una respuesta directa al impacto político de la imputación y al intento de la oposición de trasladar el caso al actual Gobierno de Pedro Sánchez.
El PSOE admite que el procesamiento es un “shock” para la militancia
En el PSOE, el golpe fue reconocido sin rodeos. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, admitió que la imputación de Zapatero afecta “anímicamente” al partido y supone un “shock para la militancia”. Aun así, marcó una línea clara de defensa: dijo que no cree que el expresidente sea un “corrupto” ni que se haya podido corromper.
López fue más allá y sostuvo que Zapatero ha mantenido siempre “una conducta ejemplar”. También pidió “toda la prudencia del mundo” para que la justicia investigue, se aporten pruebas y no se condene durante un proceso a quien, “hasta que se demuestre lo contrario, es inocente”. En su intervención, el portavoz socialista buscó contener el daño interno y reforzar el mensaje de presunción de inocencia.
El PSOE también difundió un comunicado en el que trasladó “un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia”. En ese texto, el partido recordó las dos legislaturas de Zapatero y las describió como una etapa de ampliación de derechos, igualdad y protección social. “La derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances. El que pueda hacer, que haga”, remacharon los socialistas.
La frase conecta con una lectura política que el PSOE ya venía construyendo: la idea de que la ofensiva contra dirigentes socialistas se inserta en una estrategia de desgaste del Ejecutivo. Rebeca Torró, secretaria de Organización del partido, vinculó la imputación con “el que pueda hacer, que haga, llevado a su máxima expresión”, mientras la portavoz Montse Mínguez publicó un mensaje breve: “No pararán”.
La tensión también salpicó el tono del debate público. El ministro de Transportes, Óscar Puente, llamó “imbécil” al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mensaje en redes sociales. Patxi López se desmarcó del insulto con una frase seca: “No es mi estilo”. Puente, en cambio, había apuntado al hecho de que Feijóo anticipara días antes que habría novedades sobre Zapatero y recordó que la causa Plus Ultra estaba bajo secreto de sumario.
Sumar, Junts, ERC y Podemos matizan su apoyo y piden esperar
Los socios del Gobierno no reaccionaron todos igual, pero la mayoría evitó romper el marco de la presunción de inocencia. Sumar, socio de coalición del PSOE, puso en duda la decisión judicial. Su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, afirmó que a algunas personas no les sorprende tener dudas sobre “el origen de estas acusaciones”, especialmente cuando afectan a dirigentes de la izquierda.
Martínez Barbero aclaró que falta información, aunque insistió en que el comportamiento reciente de “algunas de sus señorías y la judicatura” alimenta esas dudas. Preguntada por el efecto de la imputación en el Gobierno de coalición, descartó una ruptura y respondió que lo que debe hacer el Ejecutivo es “seguir gobernando”, sobre todo en materia de vivienda.
Desde Compromís, Àgueda Micó también pidió esperar. La diputada planteó la necesidad de saber si existe realmente corrupción o si Zapatero está siendo víctima de una “guerra judicial” impulsada por el PP. El matiz no es menor: dentro del bloque de investidura, el caso se interpreta tanto como un problema judicial como una nueva batalla política por el relato.
Junts mantuvo una posición más prudente. Su portavoz en el Parlament, Salvador Vergés, pidió “que se esclarezcan los hechos” respetando la presunción de inocencia. Al ser preguntado por la relación entre la investigación y el papel de Zapatero como interlocutor del PSOE con Junts en Suiza, evitó entrar “en estas consideraciones”.
ERC fue más crítica con el origen de las acusaciones. Oriol Junqueras aseguró que la experiencia les da “muchas razones para poner en duda muchas de las acusaciones” que se han hecho contra distintas personas, porque algunas “se han demostrado absolutamente falsas e inventadas”. También recordó la conversación del exministro Jorge Fernández Díaz con Daniel de Alfonso y la frase “inventa, inventa, que la Fiscalía te lo afina”.
Podemos, en cambio, combinó la crítica a la imputación con un aviso al Ejecutivo. Ione Belarra sostuvo que “la derecha le tiene muchas ganas a Zapatero”, pero añadió que el Gobierno “cada vez lo tiene más difícil”. A su juicio, un Ejecutivo que no se enfrenta a la corrupción ni a la “guerra sucia judicial” se encuentra en una posición más débil para gobernar.
El respaldo también llegó desde Bruselas. Iratxe García, presidenta del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, transmitió su “apoyo y confianza” al expresidente. “El presidente Zapatero siempre ha representado convivencia, diálogo y avances sociales para nuestro país. Todo mi apoyo y confianza. La presunción de inocencia y el derecho a defenderse son principios fundamentales de cualquier democracia”, escribió en redes sociales.
La oposición, mientras tanto, presiona al Gobierno. El secretario general del PP, Miguel Tellado, calificó la imputación de “gravedad extrema” y reclamó explicaciones al Ejecutivo. El choque ya dejó de ser solo judicial: el caso Plus Ultra se convirtió en un nuevo campo de batalla entre bloques, con el Gobierno defendiendo a Zapatero, sus socios reclamando cautela y la derecha intentando convertir la imputación en una crisis política para Sánchez.