La Unión Europea vuelve a poner el foco en la competitividad de sus empresas. Esta vez, el debate gira en torno a una nueva categoría que podría cambiar el panorama para miles de firmas, incluidas muchas en España. El objetivo es claro: evitar que compañías en crecimiento sufran un salto brusco de exigencias burocráticas al dejar de ser consideradas pymes. El Parlamento Europeo dio su respaldo a la creación de una categoría intermedia entre las pequeñas y medianas empresas y las grandes corporaciones. La propuesta plantea reconocer a las llamadas “pequeñas empresas de mediana capitalización” y suavizar para ellas determinadas obligaciones administrativas, con el fin de impulsar su desarrollo. La Eurocámara quiere que esta nueva clasificación incluya a compañías de hasta 1000 empleados y con una facturación anual de hasta 200 millones de euros, o bien activos totales de hasta 172 millones de euros. De aprobarse estos umbrales, el número de empresas que podrían acogerse a esta etiqueta sería mayor que el inicialmente previsto por la Comisión Europea. La propuesta original de la Comisión establecía límites más bajos: hasta 750 empleados y una facturación de 150 millones de euros o activos por valor de 129 millones. Según los cálculos comunitarios, esa versión habría beneficiado a unas 38.000 empresas en toda la UE. El Parlamento, sin embargo, considera que elevar los umbrales permitiría que más compañías en expansión, incluidas muchas españolas, accedan a un régimen más flexible. El trasfondo es evitar el llamado “salto administrativo”. En la actualidad, cuando una empresa supera los 250 trabajadores deja de ser considerada pyme y pasa a ser tratada como gran empresa, lo que implica un aumento significativo de obligaciones formales y costes regulatorios. La nueva categoría busca suavizar esa transición. El plan prevé que estas nuevas empresas de mediana capitalización puedan beneficiarse de algunas de las ventajas que ya disfrutan las pymes. Por ejemplo, se extenderían determinadas exenciones en materia de protección de datos, siempre que las actividades no impliquen un alto riesgo para los derechos de las personas. También se facilitaría su acceso a los mercados financieros, permitiéndoles participar en mercados pensados para pymes en crecimiento y simplificando ciertos requisitos administrativos, como los relacionados con folletos bursátiles. Para muchas empresas españolas en fase de expansión, este punto puede ser decisivo a la hora de captar inversión. La propuesta incluye además exenciones similares a las de las pymes en obligaciones vinculadas a la diligencia debida en el sector de las baterías y en el comercio de gases fluorados, donde se limitarían los supuestos en los que deben registrarse. Todo ello forma parte de la estrategia europea de simplificación normativa. La iniciativa recibió un amplio respaldo en las comisiones parlamentarias de Economía, Libertades Civiles y Medio Ambiente. No obstante, la Eurocámara subrayó que “quiere asegurar que el apoyo para las pymes no se diluye, que la UE sigue un principio de ‘pensar primero en pequeño’ al dar apoyo y que los umbrales se revisan cada cinco años”. Uno de los impulsores del texto, el eurodiputado popular Lukas Mandl, fue directo al defender la medida: “No podemos influir fácilmente en las aspiraciones económicas de China o las políticas arancelarias de la administración estadounidense, pero tenemos que aumentar nuestra competitividad europea reduciendo nuestra carga burocrática. Con esta legislación, lo estamos haciendo”. El objetivo es que la nueva definición de empresas pequeñas de mediana capitalización se incorpore en futuras propuestas legislativas europeas. Sin embargo, la medida aún debe ser aprobada por el pleno del Parlamento Europeo y posteriormente negociada con los Estados miembros antes de entrar en vigor. Para España, donde el tejido empresarial está compuesto en gran parte por pymes y compañías familiares en crecimiento, la creación de esta nueva categoría podría marcar una diferencia relevante. Si prospera, más empresas podrán crecer sin enfrentarse de golpe a un aumento desproporcionado de cargas administrativas, en un momento en que la competitividad es uno de los grandes retos del mercado europeo.