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La renuncia del director adjunto operativo de la Policía Nacional desató una tormenta política que sacude al Ministerio del Interior y coloca al ministro Fernando Grande-Marlaska en el centro de la escena.
El ahora exnúmero dos del cuerpo, José Ángel González, dejó su cargo tras la admisión a trámite de una querella por presunta agresión sexual presentada por una agente subordinada.
En el Congreso, el ministro Fernando Grande-Marlaska rechazó las exigencias de dimisión formuladas por el Partido Popular y aseguró que solo renunciará si la denunciante considera que no fue protegida o que él le falló. La causa quedó en manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que citó a declarar al ex alto mando el próximo 17 de marzo.
El caso generó una tensa sesión de control, con gritos de “dimisión” desde la bancada popular y acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición.
La denuncia incluye delitos de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación, con el agravante de prevalimiento por jerarquía.
¿Qué se sabe de la denuncia contra el exnúmero dos de la Policía?
La querella presentada por una agente de la Policía sostiene que los hechos ocurrieron en abril del año pasado en una vivienda oficial del Ministerio del Interior. Según la denuncia, la funcionaria fue presionada para acudir al inmueble mientras se encontraba de servicio y allí habría sufrido la agresión.
El escrito judicial describe un contexto de superioridad jerárquica y señala que, tras el episodio, la denunciante habría sido coaccionada para evitar que formalizara la acusación. La defensa solicitó además que se investiguen lesiones psíquicas y un posible uso indebido de recursos públicos.
Entre las pruebas incorporadas figura una grabación de audio que, según la parte querellante, reflejaría negativas claras y reiteradas por parte de la agente. El magistrado entendió que los hechos presentan características compatibles con un delito de agresión sexual, lo que motivó la citación de ambas partes como paso inicial de la instrucción.
¿Cómo impacta el caso en el Gobierno y qué exige la oposición?
La reacción política fue inmediata. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamó la dimisión “esta misma mañana” del ministro o su cese por parte del presidente. Desde la oposición sostienen que el titular de Interior debía conocer la existencia de la querella presentada semanas atrás.
Durante la sesión parlamentaria, dirigentes populares acusaron al Ejecutivo de encubrimiento y cuestionaron la prórroga de jubilación concedida al exDAO, cuya trayectoria había sido defendida previamente por el propio ministro. Las críticas incluyeron referencias al impacto institucional que provoca una causa de esta magnitud en la cúpula policial.
Desde Nueva Delhi, el presidente Pedro Sánchez defendió la actuación del Gobierno y aseguró que se actuó con “empatía, coherencia y contundencia” una vez conocida la denuncia. También pidió al PP aplicar el mismo criterio en casos que afectan a dirigentes de su propio partido y rechazó cualquier “doble vara de medir” ante acusaciones de violencia sexual.
El proceso judicial recién comienza y marcará el pulso político en las próximas semanas. Mientras tanto, el Ministerio del Interior enfrenta una de las crisis más delicadas de los últimos años, con consecuencias que exceden lo penal y golpean de lleno la credibilidad institucional.