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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido ampliar la investigación del conocido como caso Leire. En una providencia fechada este lunes, el magistrado ha imputado a 25 personas, entre ellas la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, tras apreciar, según recoge la resolución, “indicios de criminalidad”.
La decisión llega después de analizar un escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción. El procedimiento investiga una presunta trama que habría intentado influir en procedimientos judiciales relacionados con el PSOE o con el Gobierno, así como en la concesión de ayudas públicas a empresas estratégicas.
Entre los nuevos investigados figuran también el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga Arona; la directora corporativa de esta empresa, Rosário Arévalo Sandez; el exdirectivo de Acciona Francisco Javier López Buciega; el exmiembro del consejo consultivo andaluz y catedrático Juan Antonio Carrillo Donaire; la directora de desarrollo corporativo y estrategia en Isdefe, María Teresa Castillo Pasalodos, y el expresidente de Mercasa José Ramón Sempere Vera.
La Fiscalía sitúa el foco en la ayuda de 112,9 millones a Tubos Reunidos
Según la información incorporada al procedimiento, la investigación analiza una presunta trama que habría realizado maniobras para influir tanto en procesos judiciales como en la concesión de ayudas públicas.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado Hirurok —“Nosotros tres”, en euskera—, integrado presuntamente por Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, habría llevado a cabo “acciones tendentes al otorgamiento” de la ayuda concedida a Tubos Reunidos.
De acuerdo con la investigación, a cambio de esas gestiones percibieron 114.950 euros mediante servicios de prospección de mercados facturados por la empresa Mediaciones Martínez. Sin embargo, la Unidad Central Operativa (UCO) considera que esas facturas eran “mendaces” porque “su verdadera motivación” estaría relacionada con las gestiones realizadas para que la SEPI aprobara el préstamo de 112,9 millones de euros destinado a Tubos Reunidos.
La investigación se amplía a Mercasa, Enusa, Forestalia y otras operaciones
La resolución de Santiago Pedraz no limita la investigación únicamente a la ayuda concedida a Tubos Reunidos. El juez amplía el alcance del procedimiento hacia otras operaciones que también aparecen reflejadas en los informes analizados por la Fiscalía Anticorrupción.
Para el Ministerio Público existen indicios fundados de posibles irregularidades en otras cuatro operaciones vinculadas con empresas públicas. En concreto, la investigación alcanza a Mercasa, Enusa, el Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia.
Además, la UCO destaca el papel que habría desempeñado el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Los agentes sostienen que, “con razón de esta operativa”, vinculada a Tubos Reunidos, “habría facturado 40.000 euros”.
La UCO sospecha que Vicente Fernández siguió actuando de facto como presidente de la SEPI
Los informes incorporados a la causa también apuntan a la actuación de Vicente Fernández durante el periodo en el que todavía no se había nombrado un nuevo presidente de la SEPI.
Según la UCO, el exresponsable del organismo público “habría continuado de facto actuando como tal”, pese a no ocupar formalmente el cargo. Los investigadores afirman haber constatado “su asistencia a reuniones en representación de este organismo público ante terceros, el acceso a información interna, la toma de decisiones o la impartición de instrucciones”.
Con esta decisión judicial, el caso Leire amplía de forma significativa el número de investigados y el alcance de las diligencias, al incorporar nuevas operaciones relacionadas con empresas públicas y con la gestión de ayudas estratégicas.
