Con el plazo de la presentación de la Renta llegando a su fin, las “cartas del miedo” de Hacienda vuelven a escena. La Agencia Tributaria intensifica los controles sobre las declaraciones y pone el foco en posibles errores o discrepancias detectadas en los datos de los contribuyentes. Estas comunicaciones irán casa por casa y no implican una sanción inmediata, pero sí obligan a revisar la información presentada. En muchos casos, el contribuyente deberá justificar o corregir datos para evitar problemas mayores con Hacienda. Durante 2025, la Agencia Tributaria (bajo el gobierno de Pedro Sánchez), ha enviado más de 80.000 cartas, lo que marca un récord desde que se aplica este sistema de control. Además, el organismo debe resolver devoluciones antes de fin de año para evitar recargos. Las “cartas del miedo” están dirigidas a contribuyentes con indicios de discrepancias en sus declaraciones. Hacienda pone especial atención en los autónomos, aunque cualquier persona puede recibir una notificación. El objetivo de estas cartas es claro: el contribuyente debe explicar, justificar o rectificar la información presentada en su declaración de la Renta. No se trata de una sanción automática, ya que existe margen para aclarar la situación. Sin embargo, si no se logra justificar la discrepancia, Hacienda puede iniciar un proceso de regularización que derive en sanciones económicas. Entre los errores más frecuentes se encuentran deducciones indebidas, ingresos no declarados o ayudas mal informadas. No todas las “cartas del miedo” tienen el mismo alcance. Algunas son informativas, mientras que otras implican un requerimiento formal por parte de la Agencia Tributaria. Las cartas informativas solo comunican datos y no requieren respuesta obligatoria, aunque es recomendable verificar su contenido. Funcionan como una advertencia preventiva. En cambio, las cartas de requerimiento sí exigen una respuesta. Se envían cuando Hacienda detecta inconsistencias entre la declaración presentada y sus registros fiscales. Ignorarlas puede derivar en sanciones. Las consecuencias de no responder a las “cartas del miedo” pueden ser importantes. Si la declaración sale a pagar y no se abona, se aplican recargos crecientes desde el primer mes. El recargo es del 1% el primer mes y aumenta un 1% adicional por cada mes de retraso. A partir de los 12 meses, el recargo alcanza el 15% más intereses de demora. En casos más graves, como no justificar discrepancias tras un requerimiento, las sanciones pueden ir del 50% al 150% de la deuda. Si no existe deuda, la multa puede ser de 200 euros. Incluso puede ser de 100 euros si no se presenta la declaración sin requerimiento previo. Además, si Hacienda no realiza a tiempo las devoluciones correspondientes, puede aplicar un recargo del 0,4% en determinados casos.