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Después de la implementación en Cataluña del índice de precios de referencia destinado a frenar los alquileres abusivos, el Govern ha aprobado un régimen sancionador para promover su aplicación.
Esta medida ha sido ampliamente solicitada por las entidades defensoras de la vivienda y ha generado descontento en el sector inmobiliario.
Cataluña se convirtió el 15 de marzo de 2024 en la primera comunidad autónoma (y la única hasta la fecha) en implementar este índice, considerado la medida emblemática de la Ley por el Derecho a la Vivienda, con el objetivo de mitigar la escalada del precio del alquiler que afecta la calidad de vida de numerosas familias.
El control de rentas se aplicó inicialmente en el área de Barcelona y en las capitales de provincia o comarca, extendiéndose en octubre pasado a 271 municipios, donde reside el 90% de la población.
El tope del alquiler se dirige principalmente a los grandes tenedores (aquellos que poseen más de 5 viviendas) y a los nuevos contratos de inmuebles que hayan permanecido desocupados durante los últimos cinco años. Los propietarios que incumplan esta normativa podrán enfrentar multas de hasta 900.000 euros.
El sector inmobiliario enfrenta grandes desafíos
Desde su aparición, el índice ha suscitado reacciones diversas y ha generado una oposición contundente por parte del sector inmobiliario, que ha advertido repetidamente sobre la posible retiradamasiva de propiedades del mercado de alquiler, lo que podría resultar en un incremento aún mayor de los precios.
El portal inmobiliario Idealista ha criticado que el índice de referencia presenta precios un tercio más bajos que los del mercado, ubicándolos en niveles de 2017; mientras que los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña estiman que la diferencia es, en promedio, del 20%.
En este contexto, la implementación de sanciones ha dado inicio a una nueva fase en este particular enfrentamiento entre la Generalitat y el sector inmobiliario.
La Asociación de Propietarios de Cataluña ha calificado las multas de "desproporcionadas" y ha reprochado al Govern su aparente interés en "titulares" en lugar de buscar "soluciones efectivas que faciliten la inclusión de más pisos de alquiler en el mercado".
"Sancionar a los propietarios solo agravará el problema del acceso a la vivienda", sostiene esta entidad, que representa a aproximadamente 300 pequeños y medianos propietarios de Cataluña que alquilan inmuebles.
Tanto esta asociación como la API han afirmado que el régimen sancionador únicamente "criminaliza" a los pequeños y medianos propietarios.
El portavoz de los API, CarlesSala, ha advertido que las multas también provocarán un aumento en el alquiler de habitaciones, ya que "desincentivará" tanto el arriendo habitual como el de temporada, al "espantar" a los pequeños propietarios.
"Las multas son desproporcionadas. Superan las rentas de 6 o 7 años de muchos alquileres e incluso el importe de compra de pisos", sostiene.
Por su parte, la patronal catalana de los constructores, APCE, ha expresado su crítica hacia la política de vivienda tanto de Cataluña como del Estado. Su presidente, Xavier Vilajoana, ha instado a las administraciones y a los partidos a "dejar de pensar en votos" para avanzar en la solución del acceso a la vivienda, convencido de que esto pasa por la construcción de más viviendas.
Sanciones muy graves en la ley de vivienda
El régimen sancionador, acordado por el ejecutivo de Salvador Illa y los Comuns, establece la inclusión de tres nuevas sanciones en la ley de vivienda de 2007, clasificadas como "muy graves", lo que implica multas que oscilan entre 90.001 y 900.000 euros.
Los supuestos que se consideran son los siguientes: fijar un precio del alquiler de una vivienda en más de un 30% por encima del establecido por el índice de referencia; omitir la finalidad del arrendamiento en el contrato o hacerlo de manera fraudulenta; y cargar los gastos de gestión del contrato al inquilino, en lugar de al propietario.
Adicionalmente, se tipifican otros dos incumplimientos como "graves", sancionables con multas que van de 9000 a 90.000 euros. Estos son: fijar la renta por encima de lo previsto en el índice, siempre que el aumento no exceda el 30%; y no especificar en el contrato o en la oferta el tope o el importe del contrato anterior.
Informe preliminar sobre el índice
En un primer análisis sobre la implementación del índice de referencia, se observó que el precio del alquiler en Cataluña experimentó una disminución de entre el 3% y el 5% en comparación interanual durante el primer semestre de 2024. Sin embargo, también se registró una reducción en el número de contratos, según los datos proporcionados por la Generalitat.
En Barcelona, donde se concentraron las alzas, el precio medio de los nuevos alquileres cayó un 5,2%, lo que equivale a aproximadamente 60 euros, al pasar de 1193,4 euros en el primer trimestre de 2024 a 1131,8 euros en el segundo.
Los portales inmobiliarios ponen en duda estas cifras y afirman que las rentas en Barcelona han seguido aumentando, al mismo tiempo que alertan sobre la retirada de viviendas del mercado del alquiler.
Con información de EFE
