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Barcelona se enfrenta a una crisis habitacional sin precedentes. La combinación de una demanda creciente, una oferta insuficiente y la presión de la inversión extranjera ha disparado los precios de la vivienda, tanto en compra como en alquiler.
Esta situación ha llevado a las autoridades a plantear intervenciones en el mercado para garantizar el acceso a la vivienda. El Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno central han anunciado una serie de medidas destinadas a frenar la especulación y promover la vivienda asequible.
Estas iniciativas incluyen reformas legislativas, incentivos fiscales y restricciones a la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes.
Iniciativas del Ayuntamiento de Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, ha aprobado un presupuesto histórico para vivienda en 2025, con una asignación de 200 millones de euros, lo que supone un incremento de casi 50 millones respecto a los 151 millones destinados en 2024.
Este incremento refuerza el compromiso del consistorio con las políticas de acceso a la vivienda, en un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler y la presión sobre el mercado residencial.
Además, el alcalde Jaume Collboni ha reiterado su apoyo a la reforma de la norma que obliga a destinar el 30% de los nuevos desarrollos inmobiliarios a vivienda asequible.
Collboni espera iniciar los trámites de modificación antes del verano, con el objetivo de consolidar la eficacia de esta medida, que desde 2018 solo ha producido 156 de los 1650 pisos previstos.
Medidas fiscales para incentivar el alquiler y penalizar la vivienda vacía
Desde el Gobierno central se ha propuesto un paquete de medidas fiscales que busca penalizar la tenencia de viviendas vacías y fomentar a que sus dueños las alquilen.
Destaca un aumento en la imputación de rentas inmobiliarias del IRPF para propiedades no habitadas ni alquiladas, que podría alcanzar hasta un 3% del valor catastral acumulado del propietario. Esta penalización apunta alcanzar a propietarios o inversores con propiedades en zonas de alta demanda.
Además, se contemplan incentivos fiscales para los propietarios que alquilen sus viviendas. Aquellos que alquilen por primera vez podrán deducirse hasta el 60% de los rendimientos, y si el arrendatario tiene entre 18 y 35 años, el beneficio asciende al 85%.
Restricciones a la compra de viviendas por extranjeros no residentes
Otra de las medidas propuestas por el Gobierno es la implementación de un nuevo impuesto que incrementaría en un 100% el coste de adquisición de viviendas por parte de extranjeros no europeos.
El objetivo es frenar las compras especulativas e incentivar una bajada de precios y aumento de la oferta. Sin embargo, este impuesto presenta vacíos legales, ya que no aplicaría a compras directas a promotores ni a ciertas transacciones entre empresarios.
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha alertado sobre posibles efectos confiscatorios del impuesto, dado su tipo del 100%. Además, cuestiona su efectividad, ya que solo el 3% del mercado involucra a compradores extracomunitarios.
Artículo realizado en parte con información de EFE
