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La Agencia Tributaria tiene un papel fundamental en la economía de cualquier nación, ya que no solo asegura que individuos y empresas cumplan con sus deberes fiscales, sino que también garantiza una distribución justa de los recursos para financiar servicios esenciales, tales como la sanidad, la educación y las infraestructuras.
En este contexto, la digitalización de los pagos y la globalización económica han introducido nuevos desafíos, como el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, que requieren un control más eficaz y actualizado para prevenir y contrarrestar estos delitos financieros.
Por esta razón, el gobierno español está preparando un nuevo decreto que impondrá mayores obligaciones de información a las entidades financieras, lo que afectará directamente a las transacciones electrónicas.
¿Cómo afectará el nuevo real decreto a tus movimientos financieros?
El nuevo real decreto tiene como objetivo modernizar y reforzar el control fiscal en un contexto donde la digitalización de los pagos y la globalización económica presentan nuevos desafíos.
A partir de 2025, las entidades que emiten tarjetas de crédito, débito y otros métodos de pago deberán enviar un informe anual detallado a la Agencia Tributaria sobre los movimientos financieros de sus clientes.
Este informe incluirá información clave, como la identificación del titular de la tarjeta, el número total de transacciones realizadas y el importe de esas transacciones, siempre que superen los 25.000 euros anuales por tarjeta.
La medida tiene como objetivo controlar las grandes transacciones electrónicas, evitando prácticas como el blanqueo de capitales y el fraudefiscal. Además, las entidades financieras deberán informar mensualmente sobre los cobros realizados por empresarios o autónomos a través de tarjetas o aplicaciones de pago móvil, como Bizum o PayPal, sin importar el monto.
¿Qué significan estos cambios para las empresas y autónomos?
Esta reforma marcará un antes y un después en la forma en que Hacienda controla las transacciones realizadas a través de medios electrónicos.
Desde 2026, la primera declaración que las entidades bancarias deberán presentar corresponderá a las operaciones realizadas en 2025, lo que permitirá a la Agencia Tributaria contar con una visión más clara y precisa de las transacciones de grandes sumas de dinero.
El real decreto, que está en su fase final de tramitación, no solo tiene como objetivo combatir el fraude, sino también fortalecer el sistema fiscal, promoviendo la equidad y generando mayor confianza en el proceso tributario.