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La Seguridad Social en España ha activado un aviso que preocupa a millones de personas. Las pensiones de jubilación o invalidez no contributivas podrán ser suspendidas si no se cumple con un trámite administrativo clave. Esta obligación tendrá consecuencias directas sobre el cobro de la ayuda.
La medida forma parte de un refuerzo del control sobre la situación económica de quienes perciben prestaciones asistenciales para asegurar que siguen cumpliendo los requisitos de necesidad económica.
El foco está en la Declaración Anual de Ingresos, un documento que la administración exigirá de forma estricta para verificar cada año que los beneficiarios continúan en situación de vulnerabilidad.
La Seguridad Social exige la declaración anual de ingresos para mantener la pensión
Las pensiones no contributivas, tanto de jubilación como de invalidez, están diseñadas para garantizar unos ingresos mínimos a personas que no han cotizado lo suficiente o que carecen de recursos propios. Sin embargo, ese derecho no es automático ya que existe una obligación legal de demostrar cada año que se siguen cumpliendo los requisitos económicos.
El instrumento para acreditarlo es la Declaración Anual de Ingresos. Según la normativa vigente, los beneficiarios deben presentar cada año, durante el primer trimestre, un documento que refleje los ingresos de toda la unidad económica de convivencia correspondientes al año anterior.
Este trámite no es opcional. Las autoridades han advertido que no presentarlo en plazo o hacerlo de forma incompleta puede llevar a la suspensión de la pensión. La sanción se aplicará a partir de 2026 y seguirá un procedimiento administrativo que puede dejar sin ingresos a quienes dependen de esta ayuda.
La Seguridad Social recuerda que estas pensiones están condicionadas a no superar ciertos límites de ingresos. Si en la declaración anual se detecta que la unidad de convivencia supera los umbrales establecidos, la pensión puede reducirse o incluso extinguirse por completo.
Quiénes pueden perder la pensión en 2026 si no hacen este trámite
No todos los pensionistas están en riesgo por igual. La medida afecta específicamente a quienes reciben pensiones no contributivas de jubilación o invalidez. Estas prestaciones se diferencian de las contributivas, que están ligadas a las cotizaciones que una persona ha hecho a lo largo de su vida laboral.
Los pensionistas no contributivos deben acreditar cada año que su nivel de renta familiar sigue por debajo de los límites legales. Si no lo hacen o si los ingresos declarados superan los umbrales, la Seguridad Social puede iniciar un expediente que derive en la suspensión temporal del pago.
La suspensión no es necesariamente definitiva. Si el beneficiario presenta la declaración requerida y demuestra que sigue cumpliendo con los requisitos, el pago puede restablecerse con efectos retroactivos por hasta 90 días desde la fecha en que regulariza su situación.
Fuentes especializadas señalan que la presentación de la declaración no solo evita la suspensión del cobro, sino que también forma parte de un proceso de revisión anual obligatorio, destinado a ajustar la cuantía de la pensión en función de los cambios en la situación económica y familiar de cada titular.
Otros motivos que pueden llevar a perder la pensión
Además de no presentar la declaración anual, existen otras razones por las cuales un pensionista puede ver en peligro su pensión no contributiva. Un análisis reciente de las causas más habituales indica que, por ejemplo:
- Superar los límites de ingresos legales: Si la unidad de convivencia acumula rentas por encima de los umbrales permitidos, la Seguridad Social puede suspender o incluso extinguir la pensión.
- No comunicar cambios en la situación familiar o personal: Un cambio de domicilio, estado civil o nuevos ingresos no comunicados pueden desencadenar la revisión de la prestación.
- Mejorar la situación económica sin notificarlo: Si el titular empieza a trabajar o recibe otros ingresos que no se declaran, la prestación puede retirarse o exigirse la devolución de cantidades percibidas indebidamente.
Además, es obligatorio informar sobre cualquier variación significativa en la convivencia (por ejemplo, que otra persona empiece a residir en el mismo hogar), ya que esto puede afectar a la evaluación económica de la unidad familiar.
Para evitar sorpresas en 2026, las autoridades recomiendan anticiparse y presentar la declaración de ingresos dentro del plazo oficial, que vence el 31 de marzo de cada año.
