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La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha sido uno de los compromisos más señalados del Gobierno español en los últimos años, con apoyo de los principales sindicatos y resistencia de parte de la patronal y algunos partidos políticos.

La idea de rebajar las actuales 40 horas semanales sin reducción salarial busca ajustar la normativa laboral a las demandas de conciliación y productividad modernas, aunque su entrada en vigor todavía está en proceso.

Desde principios de 2024 y 2025, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, y el Ministerio de Economía vinieron negociando con los agentes sociales y representantes empresariales una fórmula para implantar esta reforma dentro del Estatuto de los Trabajadores.

El pasado diciembre de 2024 se firmó el acuerdo con sindicatos mayoritarios, y a principios de febrero de 2025 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que formaliza la reducción de jornada, el derecho a la desconexión digital y un nuevo régimen de registro de tiempo de trabajo.

La reforma de las 37,5 horas: qué propone el Gobierno

La futura norma cambiaría la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo de 40 a 37,5 horas semanales en cómputo anual, sin disminuir la retribución, un paso que, de hacerse efectivo, sería el primero de este tipo en más de cuatro décadas. Esta medida implica que, en promedio, cada día laboral se trabajaría media hora menos, manteniendo la estructura habitual de cinco días de trabajo.

Además del cambio de horas, el proyecto también plantea medidas complementarias, como la obligatoriedad de un registro de jornada digital y accesible, y el refuerzo del derecho a la desconexión digital, para evitar que los empleados sean contactados fuera de su horario laboral sin consecuencias.

En términos prácticos, esta reducción dejaría la jornada anual máxima en unas 1712 horas, frente a las aproximadamente 1826 horas actuales, aunque la aplicación concreta puede variar según convenios colectivos y adaptaciones sectoriales.

La reducción de jornada legal sigue en trámite y podría aplicarse a partir de 2026.
La reducción de jornada legal sigue en trámite y podría aplicarse a partir de 2026.

¿Cuándo se aprobará la jornada laboral de 37,5 horas?

Aunque el Gobierno esperaba publicar la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de mediados de 2025 para permitir que entrara en vigor cuanto antes, el anteproyecto de ley aún debe superar el trámite parlamentario completo para convertirse en ley. Esto incluye pasar por el Congreso de los Diputados, posibles enmiendas y su posterior publicación oficial, lo que todavía no se ha completado a fecha de enero de 2026.

Algunos análisis y guías profesionales anticipan que, de aprobarse sin cambios sustanciales, la jornada de 37,5 horas podría aplicarse de forma general a partir del 1 de enero de 2026, aunque este calendario aún no es oficial, dado que la ley todavía no ha sido publicada en el BOE.

En cualquier caso, los convenios colectivos existentes que superen ese límite deberán ser adaptados antes de entrar en vigor la norma final, un proceso que ha sido previsto para finales de 2025, como parte del plan de transición para empresas y sindicatos.

Empresas, convenios y adaptación: el impacto de la reducción de jornada

La reforma se proyecta para beneficiar especialmente a los trabajadores por cuenta ajena regulados por el Estatuto de los Trabajadores, que hasta ahora estaban sujetos a un máximo de 40 horas de jornada ordinaria por semana. Una vez en vigor, la nueva duración legal será aplicable a la mayoría de sectores y actividades, salvo aquellas especificaciones que los convenios colectivos ya contemplen.

Las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han expresado preocupación por la carga que esta reducción podría significar en términos de costes y ajustes organizativos, defendiendo que estos cambios deberían abordarse mediante negociación colectiva sectorial en lugar de imposición estatutaria.

Por su parte, los sindicatos mayoritarios han insistido en que una jornada más corta puede contribuir a la conciliación familiar y personal, a la salud laboral y a mantener o incluso aumentar la productividad, en línea con experiencias comparativas en otros países europeos.

Qué falta para que se apruebe la jornada de 37,5 horas y sea obligatoria

El siguiente paso en el proceso legislativo es que el proyecto de ley sea debatido y votado en el Congreso de los Diputados, donde seguirá abierto a posibles enmiendas de distintos grupos parlamentarios. Posteriormente, la norma deberá pasar por el Senado y, finalmente, ser publicada en el BOE para adquirir fuerza legal.

Mientras tanto, tanto empresas como representantes de trabajadores siguen trabajando en detalles técnicos sobre la implementación, registro horario y adaptación de convenios, un desafío que se espera que ocupe buena parte de 2025 y 2026.

Finalmente, el impacto de esta reforma podría marcar un precedente en el mercado laboral español, al adaptar la jornada de trabajo a nuevas demandas sociales en torno al equilibrio entre vida laboral y personal, sin reducir la remuneración de las horas trabajadas.