Hacienda ya comenzó a cobrar el nuevo impuesto de 15%: ¿a quiénes alcanza?

El nuevo impuesto de Hacienda, aplicable desde el 1 de enero de 2024, busca asegurar un nivel mínimo global de tributación del 15% para las grandes multinacionales. 

Esta medida, respaldada internacionalmente por la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea, intenta combatir la evasión fiscal y promover un sistema tributario justo a nivel mundial. 

Específicamente, el impuesto se aplica a las grandes empresas multinacionales, formando parte de un esfuerzo más amplio para adaptar la tributación a la globalización económica y evitar que estas compañías minimicen sus obligaciones fiscales mediante estrategias fiscales agresivas.

¿Cómo funciona el nuevo impuesto?

El impuesto funciona mediante dos reglas principales: la regla de inclusión de rentas y la regla de beneficios insuficientemente gravados. La primera asegura que las matrices de las grandes compañías tributen al menos un 15% de sus beneficios, mientras que la segunda se aplica a sus filiales para asegurar que también cumplan con el mínimo de tributación. 

En caso de que el tipo impositivo efectivo sea inferior al 15%, se recaudará un impuesto adicional para alcanzar el mínimo global. España, en particular, ha implementado un impuesto complementario nacional para asegurar que la recaudación de este gravamen adicional beneficie al país, en lugar de otros territorios donde las filiales podrían estar basadas.

¿A quiénes afecta este nuevo impuesto?

Este impuesto afecta a las entidades que forman parte de grandes grupos multinacionales radicadas en España que no alcanzan la tributación mínima del 15%, así como a las matrices españolas que obtienen rentas de filiales en el extranjero con tipos impositivos inferiores. 

Además, existe un impuesto complementario secundario que se activa cuando empresas del grupo obtienen rentas en el exterior no gravadas al 15%.

A pesar de sus objetivos equitativos, el impuesto plantea desafíos en términos de competitividad internacional y la implementación técnica y administrativa, dada la necesidad de coordinación con las normativas fiscales de otros países. 

Sin embargo, representa un paso significativo hacia una fiscalidad global más justa, reconociendo la necesidad de adaptar las prácticas fiscales a un mundo económico interconectado