Hacienda endurece los controles fiscales y ha comenzado a vigilar con mayor rigor los pagos con tarjeta que superen cierto límite en España, según han establecido en el Real Decreto 253/2025, publicado en el BOE en mayo de este año.
Con el objetivo de combatir el fraude y promover la transparencia, han anunciado un nuevo régimen que impone sanciones a quienes no declaran adecuadamente estas operaciones. De ese modo, a partir del 1 de enero de 2026, las entidades financieras deberán comunicar cualquier transacción realizada por autónomos o empresas a la Agencia Tributaria.
Declaración de pagos con tarjetas: ¿cuándo es necesaria?
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito, débito y otros medios de pago estarán obligadas a presentar un informe anual exhaustivo sobre los movimientos de sus clientes.
Este informe abarcará información esencial, que incluirá la identificación del titular de la tarjeta, el número total de transacciones efectuadas y el monto de dichas transacciones, siempre que superen los 25.000 euros anuales por tarjeta.
La finalidad de esta medida es supervisar las transacciones electrónicas de gran envergadura, previniendo prácticas ilícitas como el blanqueo de capitales y el fraude fiscal.
Nuevas operaciones investigadas en pagos electrónicos a partir de 2026
A partir de 2026, la primera declaración que las entidades financieras deberán presentar corresponderá a los movimientos del año 2025.
Esta medida permitirá a la Agencia Tributaria obtener una visión más detallada y precisa sobre las operaciones que involucran grandes sumas de dinero, facilitando así el control fiscal y la transparencia en el sistema financiero.
Además, las entidades financieras estarán obligadas a informar mensualmente sobre los cobros realizados por empresarios o autónomos a través de tarjetas o aplicaciones de pago móvil, como Bizum o PayPal, sin importar el monto de las transacciones.
Esta obligación busca fortalecer la supervisión de las actividades económicas y garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales.
Asimismo, con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas, las entidades bancarias tienen la responsabilidad de informar a Hacienda sobre ingresos o retiradas en efectivo superiores a 3000 euros y de transferencias bancarias que excedan los 10,000 euros.
Esta regulación es fundamental para combatir el uso indebido del sistema financiero y proteger la integridad del mercado.
