Cambian los bancos para siempre: la medida del Gobierno que busca sacudir el sistema financiero
Se busca que los clientes puedan realizar algunos trámites de forma telemática y sin complicaciones.
En la era digital, donde la mayoría de las gestiones bancarias se realizan en línea, resulta paradójico que cerrar una cuenta aún requiera acudir físicamente a una sucursal. Esta discrepancia ha generado inconvenientes para muchos usuarios, especialmente aquellos que residen lejos de las oficinas de sus bancos o que tienen dificultades para desplazarse.
Para abordar esta situación, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha propuesto una modificación legal que obligará a las entidades financieras a ofrecer a sus clientes la posibilidad de cerrar sus cuentas a través de internet.
Esta iniciativa se enmarca en la adaptación a la directiva europea sobre contratos de servicios financieros, que busca facilitar las operaciones a distancia y proporcionar mayores garantías a los usuarios en el entorno digital.
Derecho de desistimiento y plazos establecidos
La propuesta establece que los consumidores tendrán derecho a desistir de un contrato financiero sin penalización y sin necesidad de justificar su decisión.
El plazo para ejercer este derecho será de 14 días naturales desde la firma del contrato o desde que el consumidor haya sido informado de las condiciones del acuerdo. En el caso de contratos relacionados con pensiones personales, este periodo se ampliará a 30 días.
Además, las entidades estarán obligadas a proporcionar una función en sus plataformas digitales que permita la cancelación de cuentas con un solo clic. Este botón deberá ser fácil de encontrar, estar disponible de forma continua y ser claramente visible durante el plazo de desistimiento, garantizando así que los consumidores puedan cerrar una cuenta con la misma facilidad con la que la abrieron.
Transparencia y atención personalizada
La normativa también enfatiza la importancia de la transparencia en la información proporcionada al cliente. Antes de la contratación de cualquier servicio financiero, las empresas deberán informar detalladamente sobre todas las condiciones asociadas al contrato, incluyendo comisiones y posibles penalizaciones.
De igual forma, se garantizará el derecho del consumidor a solicitar atención humana, gratuita y en horario comercial, tanto antes de la firma como durante el periodo de desistimiento, especialmente relevante en un contexto donde proliferan las soluciones automatizadas.
Por otro lado, se pondrá especial atención en evitar prácticas de manipulación en las que se resalten opciones que beneficien a la empresa sobre otras, o se dificulten elecciones que no sean favorables para el comerciante, mediante ventanas emergentes o confirmaciones repetitivas en la pantalla.
También se regulará el papel de los influencers en la promoción de servicios financieros, para evitar que induzcan a error a los consumidores al publicitar productos sin informar adecuadamente sobre los riesgos asociados.
Implementación y plazos
El Gobierno tiene previsto implementar estos cambios antes del 19 de diciembre de este año, cumpliendo así con los plazos establecidos por la Unión Europea para la adaptación de la directiva.
Se espera que, para ese momento, los usuarios puedan gestionar sus productos financieros de manera más ágil y cómoda, eliminando barreras innecesarias y promoviendo una relación más equilibrada entre las entidades bancarias y sus clientes.