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La Organización de Consumidores y Usuarios(OCU) ha emitido un informe en el que expresa su desacuerdo con la reciente modificación de la ley 12/2023, de 24 de mayo, advirtiendo a los usuarios sobre las implicaciones de los cambios en el pago de los alquileres.
El documento, disponible en la página oficial de la organización, destaca que esta normativa "favorece cierta oscuridad" al modificar el artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, pues limita el abono en efectivo del alquiler, lo que repercute negativamente en numerosos inquilinos.
La OCU critica la limitación del pago en efectivo para alquileres
La OCU ha informado que la reciente normativa impone a los inquilinos la obligación de realizar el pago de la renta mediante tarjetas o medios electrónicos. Únicamente en situaciones excepcionales, donde alguna de las partes no esté bancarizada, se permitirá el uso de dinero en efectivo para dicho pago. Asimismo, destacaron que un estudio del Banco de España indica que el 82% de la población recurre a los billetes y a las monedas en sus transacciones comerciales cotidianas.
Por otro lado, la OCU enfatizó que esta modificación "contradice" la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, dado que se niega a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y las disposiciones para la prevención y lucha contra el fraude fiscal.
La organización también aclaró que este cambio en los alquileres podría entrar en conflicto con el artículo 1170 del Código Civil, que establece el derecho a "pagar las deudas con la moneda de curso legal".
Impacto de la nueva modificación en el pago de alquileres
"Esta medida discrimina a las personas en una situación de mayor vulnerabilidad y con menor capacidad digital", afirmó la OCU, advirtiendo que "podría afectar a 1.400.000 individuos que se encuentran en riesgo de exclusión financiera".
En conclusión, el organismo de defensa del consumidor sostuvo que esta medida "atenta de manera directa contra la libertad de elección del consumidor, sin que se presenten razones de interés público que la justifiquen". Asimismo, indicó que han solicitado a las autoridades ministeriales que se tomen medidas urgentes para remediar "la prohibición instaurada".
