En esta noticia
El sistema público de pensiones vuelve a situarse en el centro del debate económico y político en España. El envejecimiento de la población, la jubilación de la generación del ‘baby boom’ y la menor entrada de jóvenes al mercado laboral aumentan la presión sobre un modelo sostenido por las cotizaciones de los trabajadores actuales.
Durante los últimos años, España aprobó varias reformas para contener el gasto del sistema de pensiones. La reforma de 2013 introdujo el llamado factor de sostenibilidad y estableció un calendario progresivo para retrasar la edad legal de jubilación.
A partir de 2027, la edad ordinaria de jubilación será de 67 años para quienes no alcancen 38 años y medio cotizados. En cambio, quienes superen ese periodo podrán seguir jubilándose a los 65 años.
Sin embargo, el deterioro de las cuentas públicas abrió un nuevo escenario de debate: la posibilidad de elevar la jubilación hasta los 69 años para carreras laborales incompletas y hasta los 67 para quienes hayan cotizado más tiempo.
Qué pasaría con las pensiones si la jubilación sube hasta los 69 años
Aunque trabajar más años permitiría mejorar ligeramente la pensión mensual, el efecto global podría resultar negativo para muchos jubilados debido a la reducción del tiempo total de cobro.
Las simulaciones actuariales apuntan a que el impacto sobre las pensiones sería mucho más profundo de lo que parece a simple vista.
Los expertos en pensiones de BBVA plantean el caso de un trabajador que actualmente se jubila a los 67 años y puede cobrar la pensión durante cerca de 20 años, teniendo en cuenta la esperanza de vida actual.
Si la edad legal se retrasara hasta los 69 años, ese periodo de percepción caería hasta unos 18 años. Esto provocaría una caída importante en la llamada tasa de retorno, es decir, la relación entre todo lo aportado al sistema y el dinero recibido posteriormente como pensión.
Según los cálculos de BBVA, la rentabilidad del sistema podría reducirse entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales. En la práctica, un pensionista medio pasaría de recibir entre 1,5 y 1,7 euros por cada euro cotizado a percibir entre 1,39 y 1,44 euros.
Más pensión mensual, pero menos ingresos durante toda la jubilación
El retraso de la jubilación sí tendría un efecto positivo parcial sobre la cuantía mensual de las pensiones.
Al trabajar durante más tiempo, los trabajadores seguirían cotizando y sustituirían años antiguos con bases más bajas por salarios recientes y más elevados, lo que incrementaría ligeramente la pensión mensual.
BBVA calcula que, tomando como referencia la pensión media de jubilación en España, situada en 1569 euros mensuales en abril de 2026, trabajar dos años adicionales podría elevar esa cantidad cerca de un 4%, hasta unos 1632 euros al mes.
Sin embargo, esa mejora mensual no compensaría la pérdida de años de cobro. Las simulaciones apuntan a que un pensionista podría perder más de 25.000 euros acumulados a lo largo de toda su jubilación.
El impacto sería especialmente duro para quienes comenzaron tarde su carrera laboral, atravesaron periodos de desempleo o tuvieron empleos precarios y apenas superarían los 35 años cotizados.
El riesgo de pobreza y desempleo entre los trabajadores sénior
Los expertos de BBVA alertan además sobre un posible aumento del riesgo de pobreza entre las personas mayores expulsadas prematuramente del mercado laboral.
Actualmente, miles de trabajadores mayores de 55 años encuentran enormes dificultades para volver a conseguir empleo después de un despido. Si la edad de jubilación se retrasara aún más, muchos podrían quedar atrapados durante años dependiendo de subsidios o ayudas públicas.
El problema sería especialmente delicado para quienes no pudieran acceder a modalidades de jubilación anticipada involuntaria.
Muchos analistas temen además un “efecto huida”, con trabajadores intentando jubilarse antes de que futuras reformas introduzcan penalizaciones más severas.
Actualmente, la edad real de jubilación en España ronda los 65,3 años, todavía por debajo de la edad legal. Sin embargo, las jubilaciones demoradas ya representan cerca del 11% del total, más del doble que hace seis años, mientras las jubilaciones anticipadas cayeron tras las reformas aprobadas en 2021.