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En un momento en que cada euro cuenta para miles de desempleados en España, los requisitos para mantener las ayudas estatales están bajo escrutinio. Desde el Gobierno, se impulsa una reforma que cambia el panorama para quienes perciben subsidios por desempleo.
Según esta nueva normativa, quienes no cumplan con una condición clave verán interrumpida su prestación. Este giro normativo podría afectar a muchos que, hasta ahora, contaban con cierto margen de flexibilidad.
Cuál es el nuevo requisito para conservar el subsidio
El Ministerio de Trabajo, tras la polémica generada por una reforma anterior, decidió finalmente que los perceptores de prestaciones por desempleo no tendrán que presentar la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2024, aplazando la obligación hasta 2026 como medida excepcional para este año.
Pero la reforma no desaparece: el Real Decreto-ley 2/2024 establece que, a partir de la declaración de la Renta de 2025 (que se presentará en 2026), todos los beneficiarios del subsidio por desempleo deberán presentar esta declaración, sin excepciones.
El incumplimiento de esta obligación puede conllevar la suspensión o extinción del subsidio.
El precedente: mayores de 52 años y exigencia de cotización
Este criterio no es completamente nuevo. Ya había medidas dirigidas específicamente a ciertos colectivos, como el subsidio para mayores de 52 años. En esas ayudas, el SEPE exige el cumplimiento estricto de requisitos como haber cotizado al menos seis años por desempleo; en caso contrario, se procede a la cancelación de la prestación, sin excepción.
Este enfoque centrado en condiciones objetivas y verificables sirve de precedente para entender cómo se aplica la obligación tributaria futura: quien no cumpla, pierde la ayuda.
Lo que cambia de verdad desde 2026
A partir del ejercicio fiscal de 2025, cuya declaración se presenta en 2026, la obligación universal de presentar la declaración de la Renta será un requisito ineludible para seguir recibiendo el subsidio.
Esta medida persigue garantizar una mayor transparencia fiscal y un uso más eficiente de los fondos públicos, vía comprobación de ingresos reales. El Gobierno ha explicado que esta reforma formaba parte de una estrategia más amplia de fiscalización del sistema asistencial.
