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El mercado de alquiler turístico mueve millones de euros en España atraviesa una transformación histórica. La Unión Europea y el Gobierno español impulsan un nuevo marco regulatorio que busca combatir el fraude, ordenar la oferta de viviendas de corta duración y garantizar la transparencia en un sector dominado por plataformas como Airbnb.
A partir del 1 de julio de 2025, todas las viviendas destinadas a uso turístico deberán estar registradas oficialmente. Quienes no cumplan con la norma quedarán automáticamente fuera de la legalidad, enfrentando sanciones y la imposibilidad de ofrecer sus propiedades en alquiler.
Según datos oficiales, el auge del alquiler de corta duración en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga ha generado una presión adicional en el mercado inmobiliario tradicional, encareciendo el acceso a la vivienda y provocando que los organismos comunitarios refuercen el control sobre esta actividad.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha enfatizado que el objetivo es poner en marcha mecanismos que "facilitarán que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda digna". Con ello, España se alinea con el reglamento europeo 2024/1028, que busca unificar criterios en toda la Unión y limitar las prácticas fraudulentas que afectan tanto a inquilinos como a vecinos y comunidades.
Registro obligatorio para los pisos turísticos en España
El corazón de la nueva normativa se encuentra en la exigencia de un número de registro. El Ministerio de Vivienda lo dejó en claro: "Sin registro será ilegal alquilar". Este código, único e intransferible, será la llave para operar legalmente en el sector de corta duración.
Las solicitudes pueden tramitarse desde el 2 de enero de 2025 en el Colegio de Registradores, acompañadas de información detallada como la referencia catastral, la dirección exacta, el tipo de alquiler (completo o por habitaciones), la capacidad máxima y el cumplimiento de los requisitos que marque cada comunidad autónoma.
Una vez validada, la administración otorgará un número de identificación que deberá figurar en todos los anuncios online, ya sea en Airbnb, Booking o cualquier otra plataforma.
Además, el Ministerio anunció la creación del Registro Único de Arrendamientos y de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que centralizará los trámites y consultas. Según un comunicado oficial, el sistema busca "promoviendo así una gestión eficiente y ágil para todos".
Funcionamiento y sanciones por incumplimiento
Los propietarios tendrán un plazo de seis meses, hasta el 1 de julio de 2025, para regularizar su situación. A partir de esa fecha, cualquier alquiler de corta duración que no cuente con un número de registro será considerado fraude.
La campaña de información ya está en marcha. Durante junio de 2025, el Ministerio de Vivienda difundirá mensajes institucionales para alertar sobre la importancia de cumplir con esta medida y las consecuencias de no hacerlo.
Según explicaron, la normativa no solo protege al consumidor, sino que permitirá una supervisión más eficaz de un mercado donde abundaban hasta ahora las irregularidades.
Diferencias entre viviendas turísticas y de uso temporal
La nueva regulación también distingue entre alquileres turísticos y viviendas de uso temporal. Estas últimas abarcan estancias por motivos laborales, académicos o médicos, y seguirán bajo la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. En estos casos, no será necesario presentar requisitos adicionales más allá del registro.
Las viviendas turísticas sí estan sujetas a controles específicos. Los propietarios deberán solicitar autorizaciones adicionales ante comunidades autónomas o ayuntamientos, que son los órganos competentes para supervisar la actividad.
Esta diferenciación busca evitar confusiones y ordenar el mercado, en el que hasta ahora muchas viviendas se ofrecían como temporales cuando en realidad operaban como turísticas.
