El empleo público vuelve a colocarse en el centro del debate laboral en España. Para miles de personas que preparan oposiciones, la nueva convocatoria marca una oportunidad concreta de acceso a la Administración. Para el Gobierno, además, supone una forma de adaptar los servicios públicos a una demanda ciudadana cada vez más digital. La Oferta de Empleo Público 2026 supera las 37.000 plazas en el sector público estatal si se suman las ya aprobadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, según explicó la portavoz Elma Saiz en la presentación del Consejo de Ministros. La novedad más visible está en los perfiles tecnológicos: el Ejecutivo quiere reforzar áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia del dato. El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de la Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado correspondiente a 2026. La convocatoria se estructura en tres ejes: la transformación digital, la mejora de servicios esenciales y la planificación de áreas estratégicas. El Gobierno informó que habrá 26.886 nuevas plazas para la Administración General del Estado, con 20.541 de turno libre y 6.345 de promoción interna. A ellas se añaden 346 plazas extraordinarias orientadas a la respuesta ante emergencias climáticas. En total, contando seguridad y defensa, la cifra asciende a 37.017 plazas, según el desglose publicado tras la aparición de la convocatoria en el BOE. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió que el objetivo no consiste solo en cubrir bajas. En la transcripción de la presentación sostuvo: “Nos fijamos en un objetivo que es digitalizar al menos otro 25% de los servicios que presta la Administración”. Después vinculó esa meta con el uso de nuevas herramientas digitales y de inteligencia artificial. La convocatoria incluye más de 1700 puestos vinculados a tecnologías de la información. Según la información oficial, eso supone un 42% más que en la oferta anterior. También se convocarán por primera vez pruebas de acceso por especialidades para captar perfiles de inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia del dato. López lo presentó como un cambio de etapa dentro de la Administración. “Vamos a convocar por primera vez en la historia plazas de especialistas en inteligencia artificial, en ciberseguridad y en ciencia del dato”, afirmó durante la rueda de prensa. Luego insistió: “Nunca había habido convocatorias específicas en la Administración Pública para esas áreas”. La apuesta digital también se apoya en el uso que ya hacen los ciudadanos de los servicios públicos en línea. Según datos citados por el Gobierno, el porcentaje de personas que utilizan webs oficiales o aplicaciones públicas supera la media europea: un 83% frente a un 75%. España también se sitúa siete puntos por encima de la media europea en digitalización de la Administración Pública, de acuerdo con el Informe de la Década Digital de la Comisión Europea. En ese marco, el Ejecutivo plantea aumentar un 25% los procedimientos administrativos digitales. “Vamos a digitalizar la administración pública y a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleo público. Por lo tanto, vamos a transformar empleos y no destruir empleos”, dijo López, según la comunicación oficial. La Oferta de Empleo Público 2026 no se limita a perfiles tecnológicos. También incluye 346 plazas extraordinarias para emergencias climáticas, con meteorólogos, ingenieros de montes, ingenieros forestales y agentes medioambientales. Además, se contemplan 601 plazas en Transportes para infraestructuras, 400 vinculadas a estrategia comercial y 1589 de personal civil en Interior y Defensa. La sanidad pública estatal también recibe un refuerzo relevante. La comunicación oficial señala que se duplicarán las plazas de hospitales y centros de salud del Estado, hasta llegar a 1037. En educación, la Administración General del Estado prevé 40 plazas de catedrático de enseñanza secundaria para Ceuta y Melilla, orientadas a promoción profesional y especialización. La convocatoria incorpora, además, un cupo del 10% para personas con discapacidad. En total, se ofrecerán 2689 plazas, de las cuales 538 serán para personas con discapacidad intelectual. También se prevé monitorizar los procesos selectivos para que no se alarguen más de un año desde la publicación de la convocatoria. El anuncio llegó con críticas sindicales. UGT y CSIF cuestionaron la falta de negociación con cifras concretas, mientras que CC OO advirtió sobre el abandono de plazas por personas que aprueban oposiciones y finalmente no toman posesión. La discusión deja una tensión abierta: el Estado quiere atraer talento especializado para modernizar sus servicios, pero los sindicatos reclaman más negociación y una planificación que responda también a las cargas reales de trabajo.