Ricardo Alonso, administrador de Urbagestión, dueños del piso de Maricarmen: “Somos una pyme frente a Goliat y sus medios”

Ricardo Alonso, administrador de Urbagestión, la empresa propietaria del piso del que fue desahuciada Maricarmen Abascal el pasado miércoles en Madrid, ha roto su silencio para explicar su versión de un caso que ha adquirido una fuerte repercusión pública.

En una entrevista concedida a La Trinchera de Llamas, en esRadio, Alonso responsabilizó al Sindicato de Inquilinas del deterioro de las conversaciones y sostuvo que habría sido posible encontrar una solución directamente con Maricarmen.

La versión de Urbagestión, sin embargo, es discutida por la otra parte. La representación de Maricarmen sostiene que sí intentó negociar para impedir el desahucio. El conflicto llegó a los tribunales y una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que declaró extinguido el contrato fue posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo.

Ricardo Alonso explica por qué, según él, no hubo acuerdo con Maricarmen

Alonso sitúa la intervención del Sindicato de Inquilinas como uno de los elementos determinantes para explicar por qué no prosperó una negociación que permitiera a Maricarmen continuar en la vivienda.

El administrador de Urbagestión afirma que la relación entre las partes se deterioró hasta llegar a una situación en la que, a su juicio, resultaba difícil negociar. “Sin la actuación del Sindicato y sus miembros seguro que hubiéramos alcanzado un acuerdo sencillo con la señora Abascal”, aseguró.

También sostuvo que, una vez que el procedimiento judicial había avanzado hasta la fase de ejecución, la posibilidad de negociar había cambiado. “Con el lanzamiento en marcha y durante el procedimiento de ejecución no procedía ya alcanzar acuerdo”, afirmó.

Esta interpretación es controvertida. La abogada de Maricarmen ha mantenido públicamente que se plantearon alternativas para evitar el lanzamiento. Urbagestión, por su parte, ha defendido que las actuaciones del Sindicato impidieron alcanzar un entendimiento entre la empresa y la inquilina.

Qué ocurrió con el contrato de alquiler de Maricarmen

Maricarmen Abascal, de 87 años, residía desde hacía décadas en la vivienda situada en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. El origen del arrendamiento se remonta a 1956, cuando su padre suscribió el contrato.

Tras el fallecimiento del padre, el contrato pasó a su esposa y posteriormente a Maricarmen. El litigio judicial se centró en la continuidad de ese contrato de renta antigua y sus sucesivas subrogaciones.

La Audiencia Provincial de Madrid declaró extinguido el contrato y esa decisión fue posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo. La discusión pública en torno al caso no se ha centrado únicamente en la legalidad del lanzamiento, sino también en las alternativas que podrían haberse alcanzado para que Maricarmen permaneciera en la vivienda.

Precisamente en este punto existen versiones enfrentadas. Urbagestión sostiene que la actuación del Sindicato impidió un acuerdo, mientras que la representación de Maricarmen afirma que se buscaron soluciones y que la propiedad no las aceptó.

“Somos una pyme frente a Goliat y sus medios”: la defensa de Urbagestión

Alonso también rechazó algunas de las caracterizaciones que se han hecho de Urbagestión desde que el caso adquirió notoriedad pública.

“Somos una PYME frente a Goliat y sus medios”, afirmó durante la entrevista, presentando a la empresa como una sociedad de dimensiones reducidas frente a la movilización política, mediática y social generada alrededor del desahucio.

El empresario sostiene además que durante las últimas semanas ha sufrido “acoso, coacciones y presión”. Se trata de acusaciones formuladas por Alonso y la empresa, que no deben confundirse con hechos judicialmente acreditados por el mero hecho de haber sido denunciados públicamente.

Urbagestión también ha emprendido acciones contra el Sindicato de Inquilinas por expresiones utilizadas para referirse a la compañía. La empresa rechaza específicamente que se la caracterice como un “fondo buitre” y reivindica su condición de pyme.

Ricardo Alonso denuncia una “utilización política” del caso Maricarmen

El administrador de Urbagestión considera además que el conflicto ha superado el ámbito de una disputa entre propietario e inquilina para adquirir una dimensión política.

Alonso habla de una “intencionalidad y utilización política” y sostiene que Maricarmen “ha sido utilizada”. También cuestiona el papel desempeñado por las representantes legales de la mujer y atribuye al Sindicato de Inquilinas una influencia decisiva durante el conflicto.

Estas afirmaciones corresponden a la versión del empresario. El Sindicato y la representación de Maricarmen han defendido públicamente su actuación y han sostenido, por el contrario, que buscaron alternativas para evitar que la mujer tuviera que abandonar su vivienda.

El caso ha adquirido una repercusión que supera ampliamente el litigio entre ambas partes, con movilizaciones y pronunciamientos de diferentes actores políticos y sociales sobre la situación de Maricarmen y, en términos más generales, sobre el acceso a la vivienda.

Urbagestión propuso que Maricarmen regresara al piso a través de ReViVa

Después del desahucio, Urbagestión trasladó al Ayuntamiento de Madrid una propuesta para incorporar la vivienda al programa ReViVa, gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), con el objetivo declarado de facilitar el regreso de Maricarmen al inmueble.

La empresa se puso a disposición de la EMVS y de los servicios sociales municipales para estudiar esa posibilidad u otra alternativa que las administraciones considerasen viable.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid descartó la incorporación del piso a ReViVa en los términos planteados por Urbagestión. El Consistorio explicó que la propuesta no cumplía los requisitos legales establecidos en las bases del programa.

El Ayuntamiento sí se ofreció a mediar entre las partes a través del Servicio de Intermediación del Alquiler de EMVS Madrid. Por tanto, la propuesta de Urbagestión para ReViVa existió, pero no puede presentarse como una solución actualmente disponible o aceptada por la Administración.

Alonso mantiene que una negociación con una Administración “competente y razonable” podría abrir una vía para solucionar el conflicto. La posibilidad de que Maricarmen regrese finalmente a la vivienda depende, sin embargo, de que las partes alcancen una fórmula que resulte legal y materialmente viable.