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Una empleada en España fue despedida tras comparar su salario con el de sus compañeros. El caso derivó en un despido por discriminación salarial que terminó en los tribunales. La Justicia falló a favor de la trabajadora y ordenó una indemnización.
El conflicto se originó en una empresa de servicios administrativos vinculada a un banco. La mujer dirigía el departamento financiero y realizaba las mismas tareas que sus pares varones. Aun así, cobraba menos.
El fallo refuerza el alcance de la reforma laboral y el derecho a la igualdad retributiva. También fija límites claros frente a represalias empresariales.
Despido por discriminación salarial: qué analizó el tribunal
El tribunal examinó si existía una causa objetiva para el despido por discriminación salarial. Según la resolución, no hubo justificación profesional ni de rendimiento.
Entre 2010 y 2017, la trabajadora percibió un salario bruto anual de 33.672 euros. En el mismo período, sus compañeros varones cobraron entre 43.000 y 49.000 euros.
Los magistrados concluyeron que las diferencias salariales carecían de sustento objetivo. Las decisiones fueron personales y “unilaterales” del director, sin respaldo documental.
Brecha salarial y reforma laboral: las pruebas clave del caso
La brecha salarial también se reflejó en los incentivos. Algunos jefes de departamento hombres recibieron aumentos de entre el 22% y el 34%.
En contraste, el incremento salarial para ella fue de apenas el 3,83%. Esa diferencia reforzó la tesis de discriminación salarial por razón de género.
El tribunal entendió que la reforma laboral protege el derecho a reclamar igualdad salarial. Presentar pruebas no puede justificar un despido por discriminación salarial.
Indemnización y despido: por qué la Justicia falló a su favor
En 2017, la trabajadora inició un proceso formal de conciliación. La empresa no respondió a sus reclamos internos. Ante esa falta de respuesta, presentó las nóminas de sus compañeros. La empresa rompió su contrato al detectar el acceso a esa información.
La sentencia concluyó que el despido fue una represalia directa. Por eso, ordenó una indemnización de 12.000 euros por vulneración de derechos.
El caso sienta un precedente relevante en España mientras se discute la reforma laboral. El despido por discriminación salarial fue considerado injustificado.
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