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Las principales organizaciones empresariales de España, CEOE y Cepyme, expresaron su rechazo a la iniciativa legislativa que busca reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales.

A través de un comunicado conjunto, reclamaron al Congreso que frene el avance del proyecto al considerar que implicaría consecuencias negativas tanto para las empresas como para los consumidores.

Según las patronales, esta modificación obligaría a producir la misma cantidad de bienes y servicios en menos tiempo o con mayores costos, algo que en muchos casos pondría en riesgo la continuidad de las compañías, especialmente las pequeñas y medianas.

También señalaron que la medida afectaría directamente al ciudadano, quien podría enfrentar una menor oferta y precios más altos.

La CEOE y Cepyme advirtieron que la reducción de la jornada laboral podría encarecer productos y afectar la viabilidad de miles de empresas. La propuesta, que busca llevar el máximo semanal de 40 a 37,5 horas, ya genera tensión entre los actores económicos.

¿Qué consecuencias podría tener para los precios y el consumo?

Los empresarios aseguran que reducir la jornada por ley -sin acuerdo colectivo previo- forzaría ajustes en la productividad que podrían derivar en subas generalizadas de precios.

"Mantener los niveles actuales de producción sin elevar los costes será muy difícil", afirmaron en su declaración, advirtiendo que las empresas deberán trasladar el impacto al consumidor final.

Además, alertaron que la oferta de servicios podría disminuir ante la dificultad de cubrir turnos con menos horas disponibles por trabajador. Desde su perspectiva, esta rigidez normativa afectaría a sectores que ya enfrentan problemas estructurales, como la falta de mano de obra y una débil rentabilidad.

¿Qué sectores serían los más golpeados?

La patronal remarcó que los sectores con más dificultades para adaptarse a una reducción horaria son aquellos que ya presentan cifras críticas. Entre ellos destacaron la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio minorista y la hostelería. Estas ramas acumulan caídas en el número de empresas activas y bajos niveles de creación de empleo.

Según sus datos, desde 2019 se han perdido cerca de 25.500 pequeñas empresas entre estos tres sectores. A esto se suma un estancamiento en la creación de empleo, particularmente en las compañías con menos de diez trabajadores, donde el crecimiento ha sido marginal o incluso negativo.

Las patronales consideran que imponer esta medida por ley, sin considerar las particularidades sectoriales, agravará la situación.