La Comisión Europea confirmó que los inmigrantes regularizados en España no podrán establecerse libremente en otros países del bloque. En caso de trasladarse y quedar en situación irregular, deberán regresar al territorio español, en línea con la normativa vigente dentro del espacio comunitario. La advertencia se produce en medio del plan impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que prevé regularizar a cientos de miles de personas. Bruselas reconoció que se trata de una decisión nacional, pero insistió en que sus efectos pueden impactar en el conjunto de la Unión Europea. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, fue contundente al explicar el alcance de la medida. Un permiso de residencia otorgado por España solo habilita a vivir y trabajar en ese país, sin extender derechos automáticos al resto del bloque. Esto significa que, si una persona regularizada decide trasladarse a otro Estado miembro y no cumple con los requisitos locales, será considerada en situación irregular. En ese escenario, las autoridades del país receptor podrán ordenar su retorno a España. El mecanismo responde a la necesidad de evitar desplazamientos internos descontrolados dentro del espacio Schengen. Desde Bruselas advierten que estos movimientos podrían generar presión sobre los sistemas migratorios de otros países si no se gestionan de forma coordinada. Desde la Comisión Europea señalaron que las regularizaciones masivas pueden tener efectos indirectos en el resto de los Estados miembros. En un territorio sin fronteras interiores, las decisiones nacionales adquieren una dimensión regional. El plan español contempla beneficiar entre 500.000 y 800.000 personas, lo que ha encendido alertas sobre posibles movimientos secundarios. La preocupación central radica en que parte de esa población intente trasladarse hacia otros países con mejores condiciones económicas. En paralelo, la política migratoria europea avanza hacia un enfoque más restrictivo, con iniciativas como los centros de retorno en terceros países promovidos por Giorgia Meloni. Este contraste profundiza el debate dentro del bloque sobre cómo equilibrar control, integración y cooperación entre los Estados.