El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) tienen como objetivo la mejora de la circulación en los núcleos urbanos a través de la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el país. Estas zonas buscan, principalmente, la disminución de la contaminación ambiental y la mejora de la calidad del aire. A medida que se confirman nuevas localidades con ZBE, las restricciones de circulación aumentan de manera proporcional. En este contexto, los especialistas predicen que, a corto plazo, no bastará con poseer un vehículo con etiqueta ECO o Cero Emisiones, sino que será imperativo cumplir con requisitos adicionales más específicos. En el reciente borrador de Real Decreto presentado por el Gobierno, se ha incluido un nuevo artículo que propone la prohibición de acceso a las ZBE para aquellos vehículos que no circulen con una alta ocupación. El director de la DGT, Pere Navarro Olivella, ya había anticipado esta idea al afirmar que "el futuro de los coches será compartido o no será“. Según explicó, la iniciativa responde a la necesidad urgente de combatir los atascos que cada día afectan a los principales núcleos urbanos del país. Actualmente, solo 53 municipios tienen Zonas de Bajas Emisiones activas, lo que representa un 31,8% del total de los que estarían obligados a implementarlas por tener más de 50.000 habitantes. Junto a los actuales criterios de catalogación medioambiental por medio de etiquetas de la DGT, si se aprueba este decreto los ayuntamientos podrán limitar ya la movilidad según nuevos factores. Entre ellos se encuentra la ocupación de los vehículos, de un modo similar al que efectúan hoy los carriles VAO que hay en los accesos a algunas grandes ciudades. La Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM) ha estado denunciando durante meses las ZBE en el país. Algunos colectivos y asociaciones que representan a grupos de conductores han tomado acciones en los tribunales al considerar que esta medida puede ser discriminatoria para muchas personas. Ante la prohibición de circular de a una persona por ellas, la agrupación ha anunciado una nueva campaña masiva de alegaciones para el Real Decreto por considerarlo "discriminatorio" y “ausente de informes y de consulta pública previa”. Según informaron desde la asociación, “establecer una restricción en función del número de ocupantes del vehículo supone una discriminación hacia las personas solteras (solteros/as, separados/as, viudos/as, divorciados/as)” y "hacia las familias monoparentales“. Para respaldar su argumento, la asociación ha citado los datos del INE, que indican que a finales de 2023 había 14,9 millones de personas solteras mayores de edad en España, representando el 36% de la población adulta. De acuerdo con el medio Hoop Carpool, la consulta pública del borrador del Real Decreto que establecerá la restricción para la circulación de una sola persona ha finalizado. A partir de este punto, el siguiente paso consistirá en la fase de informes y el examen jurídico del documento. Al ser un proceso complicado, el medio Autopista indicó que es probable que la conclusión de este paso se demore, como mínimo, hasta finalizar la época otoñal. Una vez completado, se deberá aprobar en un Consejo de Ministros y posteriormente ser publicado en el BOE para obtener la oficialidad definitiva. Una vez que se sancione el Real Decreto, serán los propios ayuntamientos a partir del 2026 quienes determinen cuándo y cómo aplicar la Ley y sus aspectos dentro de sus Zonas de Bajas Emisiones obligatorias.