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El rey emérito Juan Carlos I ha interpuesto una demanda por supuestas injurias contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, solicitando una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.

Sin embargo, el monarca ha decidido no asistir al acto de conciliación programado en Santander, algo que podría afectar el curso del proceso judicial.

La ausencia de Juan Carlos I en este acto, que busca evitar un juicio, ha generado controversia y podría influir en la percepción pública y legal del caso. Mientras tanto, Revilla se ha presentado y ha reiterado sus declaraciones, negándose a retractarse.

Un acto de conciliación sin el rey emérito

El acto de conciliación entre Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla se celebró en Santander, con la presencia del expresidente cántabro y la ausencia del rey emérito, quien se encuentra en Sanxenxo, Galicia, participando en actividades náuticas.

La representación legal del monarca estuvo a cargo de su abogada, Guadalupe Sánchez. Revilla, por su parte, acudió al juzgado acompañado de su abogado, José María Fuster-Fabra, y se negó a retractarse de las declaraciones que motivaron la demanda.

El acto de conciliación concluyó sin acuerdo, lo que podría llevar el caso a juicio.

Las declaraciones en disputa

La demanda presentada por Juan Carlos I se basa en declaraciones realizadas por Revilla en medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025, en las que el expresidente cántabro habría calificado al monarca de "evasor fiscal" y "corrupto".

El rey emérito considera que estas afirmaciones son injuriosas y calumniosas, y solicita una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros, que, de ser concedida, donaría a Cáritas.

Revilla ha defendido sus declaraciones, argumentando que se basan en información publicada en medios de comunicación y que reflejan el sentir de muchos españoles. El expresidente ha afirmado que no ha mentido y que no se retractará de sus palabras.

Posibles consecuencias legales y económicas

La ausencia de rey emérito podría tener implicaciones en el proceso judicial. Aunque su presencia no era obligatoria, su decisión de no asistir podría influir en la percepción del caso por parte del público y del sistema judicial.

Si el caso procede a juicio y el tribunal falla a favor de Revilla, el rey emérito podría perder la oportunidad de obtener la indemnización solicitada y ver afectada su reputación.

Por otro lado, si el tribunal falla a favor del monarca, Revilla podría verse obligado a pagar la indemnización de 50.000 euros y a emitir una rectificación pública.