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La normativa española sobre alquiler de una vivienda ha cambiado en los últimos años. Si bien la protección del arrendatario es mayor, también lo es la responsabilidad del arrendador si decide acudir a la vía legal para recuperar la vivienda.
Analizar los errores más habituales que pueden provocar una extinción anticipada del contrato permite entender cuándo un propietario puede exigir la salida del inquilino y qué conductas de este último pueden facilitar esa situación.
Qué conductas del inquilino pueden resultar en el fin del contrato de alquiler
El propietario tiene la potestad de resolver un contrato de alquiler si el inquilino incumple de manera clara las obligaciones establecidas por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Entre los incumplimientos más graves figuran el impago de la renta mensual o el uso no autorizado del inmueble, lo que habilita al arrendador a presentar una demanda de desahucio.
También es importante no realizar modificaciones en la vivienda sin consentimiento del arrendador ni subarrendar sin permiso, ya que estas conductas pueden motivar que el propietario rescinda el contrato antes de lo pactado.
Cuándo puede el propietario reclamar la vivienda aunque el contrato siga vigente
El propietario puede recuperar la vivienda cuando acredite que la necesita para él mismo, su cónyuge o familiares de primer grado, siempre que lo comunique con la antelación adecuada.
Según lo regulado por la legislación vigente, debe existir un plazo de aviso mínimo y que el contrato tenga al menos un año de duración.
La Ley de Vivienda entra en juego cuando el inquilino se desvía del contrato o el inmueble se declara como “uso propio”, pero incluso en ese escenario el propietario debe cumplir con las formalidades de notificación o de lo contrario el contrato podrá prorrogarse.
Qué errores debe evitar el propietario para no provocar el fin del contrato
Existen prácticas clave que todo arrendador debe evitar para que su reclamación sea viable y legal. Por ejemplo, cambiar la cerradura, cortar suministros o ejercer presión moral o psicológica para que el inquilino abandone voluntariamente son acciones ilegales que pueden invalidar una demanda de desahucio.
También es imprescindible que toda notificación de finalización del contrato o de no renovación se efectúe con el plazo previsto según el tipo de contrato y que se conserve la constancia de dicho aviso. Si no se hace, el inquilino puede acogerse a la prórroga automática del contrato.
Conocer estos puntos permite tanto al inquilino como al propietario actuar dentro del marco normativo y evitar conflictos innecesarios o inesperados.
