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El acceso a la vivienda dejó de ser solo un problema económico para convertirse en una crisis de salud pública. Un informe publicado este martes por el Consejo de la Juventud de España (CJE), Fad Juventud y Oxfam Intermón bajo el título ‘Habitar la incertidumbre: vivienda, juventud y malestar estructural’ confirma con datos lo que muchos jóvenes ya viven en primera persona.
Según el análisis, el encarecimiento del alquiler y la precariedad laboral están deteriorando directamente el bienestar emocional y las expectativas de futuro de las generaciones más jóvenes.
El 42% de las personas de entre 25 y 34 años que tienen dificultades habitacionales percibe su salud mental como regular o mala.
Y la incidencia de mala salud mental se duplica entre quienes destinan más del 50% de sus ingresos al pago de la vivienda frente a quienes dedican menos del 30%.
La generación que destina hasta el 80% del salario al alquiler
Los datos del estudio dibujan un esfuerzo económico insostenible. Los jóvenes destinan de forma sostenida entre el 40% y el 50% de sus ingresos al pago de la vivienda, muy por encima del umbral recomendado del 30%. Cuando el pago se hace en solitario, el esfuerzo es aún mayor: desde 2017 supera el 80% del salario.
Después de pagar el alquiler, la diferencia entre el riesgo de pobreza antes y después de hacerlo se mantiene alrededor de 20 puntos porcentuales, lo que evidencia que el gasto en vivienda arrastra a muchos jóvenes directamente hacia la exclusión económica.
La mitad de los jóvenes emancipados vivía en alquiler en 2025, lo que el informe define como una “generación inquilina” atrapada en un mercado que consume su capacidad de ahorro y les impide proyectar un futuro propio.
El círculo vicioso entre precariedad y salud mental
El informe documenta un mecanismo especialmente preocupante. En el último año, el 63,5% de la población joven en situación de carencia material severa sufrió algún tipo de problema psicológico, frente al 52,4% de quienes no tienen dificultades económicas.
La falta de recursos genera malestar emocional, ese malestar dificulta acceder a atención psicológica privada, y la ausencia de apoyo empeora aún más la percepción del propio estado mental.
Los datos lo confirman: la mala salud mental aumentó del 7% al 19,3% entre quienes no pudieron recibir apoyo psicológico por falta de recursos en el último año.
La precariedad también deteriora los vínculos sociales. El 39,8% de los jóvenes con carencia material severa siente soledad con frecuencia, frente al 19,6% de quienes no afrontan dificultades materiales.
Lo que piden las organizaciones para mejorar la salud mental de los jóvenes
Andrea González Henry, presidenta del CJE, fue directa: “La juventud no nos jugamos solo una cuestión material, nos va la vida y la salud en poder acceder a una vivienda digna. Las soluciones no pueden ser solo sanitarias, no podemos responder con más psicólogas a un problema que tiene su raíz en alquileres que se comen nuestra capacidad de ahorro”.
Las tres organizaciones reclaman políticas públicas que incrementen el parque de vivienda pública, combatan las prácticas especulativas en el mercado del alquiler y refuercen la atención psicológica para jóvenes.
En el ámbito laboral, urgen la aprobación del Estatuto del Becario, la ampliación de becas y la reforma del ingreso mínimo vital para que puedan acceder los menores de 30 años.
