El drama de los asentamientos precarios en España, una realidad imposible de tapar: ¿se puede solucionar?

La problemática de los asentamientos precarios en España se extiende más allá de las fronteras de cualquier provincia, destacándose en varias regiones y reflejando un desafío persistente para la sociedad. 

Por ejemplo, ya en 2015 en Almería, el mar de plástico albergaba no solo una de las industrias agrícolas más prósperas de Europa sino también cerca de 3000 inmigrantes viviendo en condiciones de extrema precariedad. Estos trabajadores, fundamentales para la producción agrícola, residían en chabolas sin acceso a servicios básicos como electricidad y agua potable, una situación que evidencia las difíciles condiciones de vida que enfrentan.

Sin embargo, Almería no era (y es) un caso aislado. Otras áreas de España, como Huelva y la Cañada Real en Madrid, también son testigos de la existencia de asentamientos precarios. En Huelva, similar a Almería, muchos trabajadores del sector agrícola viven en campamentos improvisados bajo condiciones igualmente difíciles. 

La Cañada Real, dentro de la Comunidad de Madrid, es conocida por ser una de las mayores chabolas de Europa, e ilustra otro aspecto de esta realidad, donde la falta de infraestructura básica y los problemas sociales se entrelazan para crear un entorno de vulnerabilidad y exclusión.

Ejemplos puntuales de exclusión y pobreza

Los ejemplos abundan dado que los asentamientos precarios y las chabolas siguen siendo una realidad en varias regiones, destacando situaciones particularmente difíciles en Andalucía y Valencia.

En Palos de la Frontera, Huelva, un reciente incendio -en septiembre de 2023- arrasó la mayor parte de un asentamiento chabolista, evidenciando las duras condiciones en las que viven los migrantes y la necesidad de acciones concretas por parte de la administración para mejorar sus condiciones de vida. La situación en Palos refleja un desafío continuo en la región de Andalucía, donde se busca una implicación clara de los ayuntamientos para reconocer y asistir a estas poblaciones vulnerables, incluyendo el derecho al empadronamiento y acceso a servicios básicos.

Por otro lado, en Valencia, ya antes de la pandemia se habían identificado oficialmente 41 asentamientos chabolistas, destacando la presencia de diversos perfiles entre sus ocupantes, desde temporeros e indigentes en el centro hasta familias gitanas y, en menor medida, rumanas en la periferia. Estos asentamientos se localizan en áreas como Quatre Carreres, San Marcelino, Campanar, Orriols, Benimaclet, Natzaret, y la Malva-rosa. A pesar de los esfuerzos municipales por brindar asistencia, la situación de estas comunidades sigue siendo una preocupación central para las autoridades locales.

Infraviviendas para minorías

Como decíamos, la situación de las infraviviendas y los asentamientos chabolistas es crítica. Además, este fenómeno afecta especialmente a las minorías étnicas y raciales. Un estudio reciente publicado por la Fundación Secretariado Gitano revelaba que en 2022, había 23.419 personas viviendo en 4584 infraviviendas en el país, con un notable 77% de esta población perteneciendo a la comunidad gitana. 

Estas viviendas a menudo presentan condiciones precarias, incluyendo problemas estructurales y falta de servicios básicos, lo que refleja una situación de racismo estructural y discriminación hacia estas comunidades. Además, la mitad de los residentes de estos asentamientos son menores de 16 años, destacando una preocupante situación de vulnerabilidad entre los más jóvenes, según reportó oportunamente el periódico Levante.

Uno de los casos más alarmantes se encuentra en Níjar, Almería, donde el asentamiento chabolista de Walili alberga a más de 800 personas en condiciones extremadamente difíciles. La renta media per cápita en Níjar es de los más bajos en España, lo que sitúa a sus habitantes en una profunda pobreza. 

La falta de infraestructuras básicas es palpable, con agua siendo suministrada sólo una vez cada diez días. Este asentamiento no solo refleja las difíciles condiciones de vida de sus habitantes, sino también la complejidad del trabajo agrícola en la región, que es constante y deja poco espacio para la mejora de las condiciones de vida, de acuerdo a lo informado por El Español.

Propuestas para solucionar el problema

Los expertos y las organizaciones proponen varias soluciones para abordar el problema de las infraviviendas y el chabolismo en España. Según lo discutido en un seminario organizado en 2022 por la Fundación Secretariado Gitano, una de las claves para erradicar el chabolismo radica en la utilización de instrumentos políticos y financieros, tales como los fondos del Fondo Social Europeo o los Fondos FEDER, para mejorar las infraestructuras y proporcionar viviendas sociales adecuadas. 

La falta de vivienda social es uno de los principales obstáculos, por lo que se enfatiza la necesidad de una intervención integral y social que acompañe a las familias y personas afectadas, destacando que solucionar este problema no solo consiste en proporcionar una vivienda digna, según lo publicado por Cadena SER.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en 2019 hacía hincapié en la búsqueda de soluciones a medio plazo y consensuadas que abordaran el chabolismo no solo en localidades específicas como Lepe, sino en toda la provincia de Huelva. 

Maeztu subrayaba entonces la importancia de que todas las partes implicadas, incluyendo ayuntamientos, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, la Inspección de Trabajo, empresarios y entidades sociales, aporten propuestas concretas, de acuerdo a lo publicado por Huelva Información.

Se destacaba la necesidad de que el empleo venga acompañado de contratos y permisos de trabajo que permitan a su vez contratos de alquiler, con las administraciones arbitrar ayudas europeas o nacionales para resolver el problema del alojamiento. Maeztu insistía entonces en la regularización como medio para evitar la explotación laboral y en la coordinación de todos los actores para encontrar soluciones definitivas que erradiquen el chabolismo.

Estas propuestas apuntan hacia un enfoque integral que no solo busque solucionar el acceso a la vivienda, sino también mejorar las condiciones laborales y sociales de las personas afectadas, promoviendo su integración en la sociedad de una manera digna y sostenible.