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La plataforma de reservas de alojamientos Booking ha confirmado que estudia un expediente de regulación de empleo (ERE) en su filial española. La medida afectaría al 20% de los 150 trabajadores que la empresa tiene en el país, es decir, a unas 33 personas, principalmente en la oficina de Barcelona, aunque también se contempla impacto en Madrid, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.
La compañía señaló que se encuentra en una revisión de su estructura "en varios mercados" con el objetivo de mantener competitividad y capacidad de innovación.
Sin embargo, el proceso de consulta todavía está abierto y no se han ofrecido cifras definitivas. Pese a ello, fuentes internas advierten que los recortes responden a una estrategia de reducción de costes, que podría estar vinculada a la apuesta por herramientas de inteligencia artificial y a la búsqueda de un repunte en la cotización bursátil.
¿Qué implica este ajuste para la filial española de Booking?
La plantilla local se vería reducida en un momento en el que la empresa atraviesa una etapa de tensiones regulatorias y de reestructuración. En Barcelona, donde se concentra el mayor número de trabajadores, se estima que 28 empleados perderían su puesto, lo que supone un golpe para la oficina con más peso en España.
En paralelo, el ERE también alcanzaría a las otras sedes nacionales, aunque con menor magnitud.
La medida se inscribe en una dinámica global de la compañía, que busca reorganizar sus operaciones para sostener su posición en el mercado de reservas online. Con una competencia cada vez más intensa y nuevas tecnologías que transforman los procesos, Booking parece orientarse hacia una mayor automatización, lo que repercute directamente en sus plantillas.
¿Cómo se relaciona el recorte con los conflictos regulatorios y las sanciones?
El ajuste llega en un contexto complejo para la empresa en España. En los últimos meses, Booking ha estado bajo la lupa de administraciones y sectores turísticos por la proliferación de viviendas turísticas sin permisos.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo exigió en junio la retirada de más de 4000 anuncios ilegales, especialmente en Canarias, una de las regiones más afectadas.
Además, la compañía enfrenta una sanción millonaria por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que le impuso 413 millones de euros por abuso de dominio. Aunque en marzo la Audiencia Nacional suspendió de forma cautelar la ejecución de esa multa, el proceso judicial sigue abierto.
En este escenario, la reducción de personal aparece como una decisión estratégica que busca aliviar costes y mantener márgenes de rentabilidad mientras la empresa afronta presiones externas.
