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La jornada laboral de 40 horas semanales podría tener los días contados. El Gobierno ha presentado una propuesta al Congreso para modificar la ley laboral vigente y establecer un nuevo máximo de 37,5 horas semanales, manteniendo los sueldos intactos.
La medida, que impactará a más de 12 millones de trabajadores, busca mejorar la conciliación, reducir el estrés laboral y aumentar la productividad.
El proyecto ya cuenta con el respaldo de los principales sindicatos y recibió los informes necesarios del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el texto será debatido en el Congreso y se espera su entrada en vigor durante el verano, con tiempo hasta diciembre para su implementación plena.
¿Qué implicará la reducción de la jornada para empresas y trabajadores?
La nueva normativa establece que todas las empresas deberán adaptarse al nuevo límite horario antes de fin de año. El cambio afectará por igual a grandes compañías y pequeñas y medianas empresas, que deberán ajustar sus convenios colectivos sin reducir el salario de sus empleados.
El Gobierno considera que esta transición ayudará a redistribuir el tiempo de trabajo y a fomentar el bienestar general.
Además del ajuste en las horas semanales, la reforma introduce mecanismos de control más estrictos, como un registro horario digital obligatorio. Las empresas deberán conservar esos registros durante cuatro años y permitir su revisión por parte de los empleados y de la Inspección de Trabajo. En caso de incumplimiento, podrían enfrentar multas de hasta 10.000 euros por trabajador afectado.
¿Qué medidas acompañan esta reforma para garantizar su eficacia?
Uno de los aspectos clave de la propuesta es el fortalecimiento del derecho a la desconexión digital. Esto implica que los trabajadores no podrán recibir exigencias laborales fuera del horario establecido.
En tiempos de trabajo remoto y plataformas digitales, este punto busca proteger el descanso y evitar jornadas encubiertas que desgasten física y mentalmente al personal.
La ley también apunta a promover un entorno laboral más saludable y sostenible. Según los sindicatos, reducir la jornada sin recortar el salario representa un avance en la calidad del empleo y puede traducirse en una mejora en el rendimiento y la motivación.
Además, la medida podría contribuir a crear nuevos puestos de trabajo, al facilitar una distribución más equilibrada de las horas disponibles en el mercado.
