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La disputa judicial entre Argentina y los fondos Burford Capital y Eton Park por la expropiación de YPF en 2012 alcanzó un punto crítico este martes. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se encuentra al borde de definir si el país debe entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal como forma de pago de una indemnización que supera los 16 mil millones de dólares. En este contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que, de ratificarse, el fallo sería "incumplible" para el Estado nacional.

La advertencia del funcionario se inscribe en una tensión creciente entre la normativa interna argentina y las decisiones de tribunales extranjeros. "Pueden dictarla, pero si lo hacen, es una decisión incumplible por parte del gobierno nacional", afirmó Francos en diálogo con Radio Nacional. Y explicó: "Para vender acciones de YPF que pertenecen al Estado, se necesita la aprobación del Congreso con mayoría especial" .

Una sentencia judicial sin ejecución posible

El conflicto judicial se remonta a la reestatización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino adquirió el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol. La operación, aprobada por el Congreso mediante la Ley 26.741, incluyó la declaración de utilidad pública y la prohibición de transferir acciones sin autorización legislativa.

En 2015, el fondo Burford Capital compró los derechos de litigio de las empresas del grupo Petersen, que habían quebrado tras la suspensión del reparto de dividendos por parte del Estado. La demanda se basó en el supuesto incumplimiento del artículo 7º del estatuto de YPF, que obliga a realizar una oferta pública de adquisición si se supera el 15% de participación accionaria.

La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dio lugar a la demanda y, en septiembre de 2023, condenó a Argentina a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares, cifra que ascendió a 18 mil millones por los intereses acumulados. El 30 de junio de 2025, Preska ordenó la entrega del 51% de las acciones de YPF como forma de pago.

Las opciones del Gobierno y el riesgo de desacato

Frente a esta situación, el Gobierno argentino apeló la sentencia y solicitó la suspensión de la entrega de acciones. La Corte de Apelaciones concedió una medida temporal, pero aún debe resolver si mantiene esa suspensión o exige el cumplimiento del fallo. En caso de que se ratifique la orden, Argentina podría enfrentar un escenario de desacato, con riesgo de embargo sobre activos estatales, incluidas las reservas del Banco Central.

Francos insistió en que "la ley argentina que regula la propiedad estatal de YPF impide cumplir una orden que contradiga ese marco legal". En este sentido, el Gobierno considera que cualquier decisión que implique la transferencia de acciones sin intervención del Congreso vulnera la soberanía jurídica del país.

Un conflicto con implicancias económicas y políticas

El impacto del juicio excede el plano judicial. La eventual ejecución del fallo podría afectar la estrategia fiscal del Gobierno, la estabilidad financiera y las negociaciones con organismos internacionales. Además, introduce un factor de incertidumbre en el mercado, con caídas en los bonos y acciones de YPF, y presiones sobre el dólar financiero.

Mientras tanto, el oficialismo sostiene que, de ser necesario, apelará hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. "Vamos a defender los intereses nacionales en todas las instancias que correspondan", aseguró el presidente Javier Milei.